El gobierno electo reiteró su rechazo a la aprobación del decreto número 18-2023 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024, tomando en cuenta que este ya fue sancionado y publicado en el diario oficial.
Por medio de sus redes sociales, el mandatario electo, Bernardo Arévalo, indicó que accionarán legalmente para buscar soluciones, pues consideran que el presupuesto que deja la administración saliente no refleja los valores y necesidades del país.
“Como gobierno entrante tomaremos las medidas legales para tener un presupuesto que sí permita avanzar como país y que asegure que cada centavo será utilizado en el bienestar de las y los guatemaltecos”, expresó.
La ley de cuentas públicas para el próximo ejercicio fiscal es por un monto de 124 mil 879 millones 970 mil quetzales y establece un monto estimado de ingresos tributarios por 98 mil 533 millones 263 mil quetzales, mientras que los no tributarios se fijaron en 918 millones 866 mil 420 quetzales.
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El presupuesto que deja este gobierno no refleja los valores y necesidades de nuestro país. Como gobierno entrante tomaremos las medidas legales para tener un presupuesto que sí permita avanzar como país y que asegure que cada centavo será utilizado en el bienestar de las y los…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 15, 2023
Arévalo expone ilegalidades del Presupuesto
Días atrás, Arévalo le envió una carta al mandatario Alejandro Giammattei para solicitarle que vetara el presupuesto aprobado por el Legislativo, pues argumentó que afectará la gestión pública y el desempeño económico del próximo año.
En la misiva, el actual diputado que asumirá la Presidencia de la República en enero próximo detalló distintas ilegalidades que existirían en este decreto.
Entre los aspectos que señaló se encuentran los cambios incorporados en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria, mismas que, en su opinión, permitieron la inclusión de disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias.
“Varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas, así como de la facultad legal de ejercer la administración de los recursos financieros, al establecer una serie de normas sin justificación técnica sobre obras o servicios que se deben atender”, expuso.
Agregó que se hicieron reprogramaciones específicas y una serie de prohibiciones que no responden a la planificación institucional ni guardan concordancia con los planes operativos anuales y multianuales o con planes estratégicos.
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