El menor de edad que ha sido remitido ante las autoridades señalado por disparar contra un adolescente de 15 años durante una actividad escolar y frente a otros estudiantes en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, ingresó la tarde de este jueves, 19 de septiembre, a un centro juvenil de privación de libertad temporal, detalló Marvin Rabanales, secretario de Bienestar Social.
El entrevistado mencionó que este caso, que ha conmocionado a todo un país, implica a un menor de edad a quien describió de muy pequeña complexión y narró que al verlo por primera vez detectó “una expresión muy dura” en su rostro. "A primera vista, uno no creería que un chico así pudo caminar por varios metros con arma en la mano, desefundarla, activarla y luego salir huyendo con una frialdad propia de adultos", agregó.
Rabanales explicó que hay un protocolo que se activa cuando ingresan este tipo de casos, en donde un menor es identificado con una estructura criminal, en el que se les mantiene al margen de cualquier vinculación con la pandilla rival; sin embargo, su vinculación con una estructura criminal no ha sido establecida.
Añadió que se debe comprender que está privado de libertad por una situación condenable; no obstante, en esa institución se debe velar por él y preservar su integridad para que pueda ser reinsertado a la sociedad como lo establezca un juzgado.
La ley de protección integral establece dos rangos de edad a los cuales se les brinda diferente atención procedimental y punitiva. El primer rango está conformado por menores de 13 y 15 años y la pena máxima si el delito es de extrema violencia es de hasta 2 años de privación de libertad.
¿Qué hay debajo de este tipo de sucesos?
A criterio de Rabanales, lo que ocurre detrás de estos casos que estremecen a la sociedad, son estructuras que reclutan e involucran a niños para que integren grupos criminales. Además, de adultos que facilitan armas y se aprovechan de la inseguridad y de la situación vulnerable de menores y derivado de la proliferación de maras.
Leonel Dubon, director de Refugio de la Niñez, explica que hay que entender que ocurrieron diferentes condiciones desde el entorno primario y secundario de un niño o menor de edad que lo expusieron a ser captado por estas estructuras.
“Mientras el crimen organizado siga reclutando menores de edad por la inimputabilidad o por las bajas condenas que tienen por los rangos de edad nosotros como sociedad seguimos preparando esa materia prima para el crimen organizado”, calificó Dubón, debido a la iniciativa 5285 de la Ley de Protección Integral a la niñez y adolescencia, que sigue pendiente en el Congreso de la República.
Agregó que esa “materia prima” surge desde una familia que no acoge y que no protege, y desde una comunidad y sociedad que es excluyente y no provee condiciones.
Dubón insistió en la importancia de crear un nuevo modelo de prevención y recuperación de los menores de edad con conflicto con la ley penal. Agregó que el caso de este adolescente es todo un desafío recuperarlo al haber cometido un delito de esta magnitud.
La intervención de un modelo funcional incluye varios factores ya que se debe desestructurar el contenido que tienen en su cerebro en donde han normalizado la violencia, ya que tanto el menor involucrado en este caso, como los que son captados por el crimen organizado, muy seguramente han sido expuestos a diferentes hechos de violencia desde su entorno, lo que los hace capaces de tomar la decisión de quitarle la vida a otro ser humano, añadió Dubón.
