El Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, anunció este lunes 10 de febrero que presentaran ante el Congreso de la República una iniciativa para la ampliación del Presupuesto General de la Nación para 2025.
La iniciativa surge por los cuatro artículos del presupuesto que suspendió la Corte de Constitucionalidad, el pasado 30 de enero.
La ampliación es por Q4 mil 166 millones, serán destinada para atender a los Consejos Departamentales de Desarrollo; Programa de Reducción de Emisiones; Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado y un seguro paramétrico ante eventuales desastres naturales.
"Nuestro objetivo es solucionar los problemas que se van dando en la administración pública y enviar un mensaje de tranquilidad a los pensionados de las Clases Pasivas y Civiles del Estado, a los veteranos militares y a la población que en los territorios que están esperando que lleguen los recursos de los Consejos de Desarrollo para que se conviertan en mejoras de las condiciones en su territorio", manifestó el funcionario.
Finanzas indicó que la propuesta de ampliación presupuestaria asciende a Q4 mil 166 millones, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
-Q1 mil 891 millones a los Consejos de Desarrollo
-Q1 mil 625 millones para garantizar el pago de todo el año de los pensionados de las Clases Pasivas y Civiles del Estado.
-Se deja un espacio presupuestario de Q56 millones para un seguro paramétrico que permite contar con recursos para atender emergencias.
-También se deja un espacio presupuestario de Q393 millones para el Programa de Reducción de Emisiones.
CC
Los magistrados de la CC resolvieron otorgar una inconstitucionalidad parcial al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y dejó en suspenso cuatro artículos del Presupuesto General de la Nación para 2025.
Se trata de los artículos 118, relacionado con la ampliación al presupuesto general; el 130, correspondiente a la asignación para cubrir desfinanciamientos del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado, el 135, que incluye la ampliación a los Consejos Departamentales de Desarrollo; y el 137, que establece la ampliación a la Ley Temporal de Desarrollo Integral.
La acción fue promovida por el sector empresarial organizado a inicios de este año, luego de realizar un análisis técnico y jurídico del decreto que contiene las cuentas públicas para el presente ejercicio fiscal.
Según se indicó, esta revisión permitió demostrar que algunas disposiciones del presupuesto no cumplen con los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico del país.
