El Acuerdo Gubernativo 164-2021, que establece que todos los residuos deben clasificarse por categorías, entró en vigencia este martes 11 de febrero, lo que ha generado una serie de pronunciamientos a favor y en contra. También han surgido dudas con respecto a cómo será la regulación y las sanciones que podrían aplicarse ante el incumplimiento.
En ese contexto, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, brindó detalles al respecto de esta normativa durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
La funcionaria recordó que este acuerdo, que incluye el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, establece que los mismos deben separarse en tres categorías: orgánicos, reciclables y no reciclables, con el objetivo de reducir la contaminación y fomentar el reciclaje.
"El reglamento nos llama a todos a empezar a separar. Esto es muy importante por tres razones: porque permite empezar a demandarle menos a la naturaleza al reciclar más, devolverle menos basura a la naturaleza; y ayudarles a los gobiernos municipales a liberar los vertederos que ya están atiborrados", dijo.
Agregó que se tiene una estimación de que si se logra llevar la industria de reciclaje al nivel que el país necesita se daría mucha más vida y se protegería más al medio ambiente.
"Básicamente, lo que les estamos pidiendo a los ciudadanos, a las empresas, es que nos tomemos el tiempo de hacer separación de nuestros desechos. Esto es parte de una estrategia, no es una normativa suelta o casuística", agregó.
Según la funcionaria, para este año se tienen contemplados Q130 millones para coinvertir con gobiernos municipales para levantar los botaderos y que pasen a ser rellenos sanitarios manejados. De esta manera, se busca evitar seguir contaminando al país, para entrar a una lógica positiva de descontaminar y, de acuerdo con sus palabras, "hacer como sociedad lo que nos toca hacer con la basura".
Aunque destacó que se está aplicando toda una estrategia con respecto a la aplicación de este acuerdo, Orantes reconoció que la mayoría de municipalidades no está preparada para un manejo de los residuos bajo ciertos lineamientos. Indicó que justamente por eso es tan importante empezar desde ya para ir atendiendo los temas que surjan mientras se aplica la normativa.
La entrevistada compartió que solo alrededor el 10% de las comunas tiene planes de manejo de desechos sólidos. También informó que 240 tienen sus caracterizaciones de desechos sólidos, instrumentos que calificó como importantes porque consisten en el primer paso de lo que deben hacer, ya que es en función de eso se deben diseñar los sistemas de tratamiento, fijar tamaños de terrenos a comprar para el manejo de estos materiales.
En su opinión, el manejo de los desechos "es el servicio más abandonado de todos". Y, en ese contexto, detalló que, a diferencia de hace muchos años, en la actualidad la ciudadanía está exigiendo a los gobiernos municipales "que se pongan las pilas" en dar ese servicio como se necesita dar. Por ello, enfatizó que también de parte de los ciudadanos debe haber disposición de pagar por ello.
¿A quiénes se aplica el acuerdo y cómo se sanciona su incumplimiento?
Al ser consultada sobre la forma de aplicación del acuerdo y si los ciudadanos en general se podrían enfrentar a algún tipo de multa o cierta medida si no cumplen con la separación de sus desechos, según los lineamientos definidos, la ministra explicó:
"Sanciones a los ciudadanos no existen. El reglamento contempla sanciones para los que forman parte de la cadena de recolección, transporte, manejo y disposición final de los desechos, básicamente".
Agregó que específicamente se habla de encargados de los camiones recolectores, gobiernos municipales, los traslados que pueden ser públicos o privados y de los que manejan los vertederos municipales.
En cuanto a las sanciones, añadió: "Se habla de salarios mínimos, pero antes de llegar a las multas hay un proceso administrativo donde se puede ver la falta, llegar a acuerdos y dar plazos contractuales de avance, trabajo y compromiso con los gobiernos municipales y transportistas. Entonces, las multas llegan en un proceso posterior".
Finalmente, Orantes recordó que el reglamento del que se habla surgió en 2021, por lo que se tuvo 42 mese para que se prepararn para su entrada en vigencia. En ese sentido, enfatizó que no se va a prorrogar la aplicación de las normativas ambientales, porque eso solo genera más contaminación.
