El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, se refirió este lunes 17 de febrero a la situación en la que desempeñan sus labores las personas encargadas del manejo de los desechos, tomando en cuenta que en diversas ocasiones se han denunciado amenazas contra recolectores e incluso han sido víctimas de ataques armados.
Al ser consultado por periodistas sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con este tipo de incidentes, señaló que se ha podido detectar que algunos recicladores de basura pertenecen a grupos de pandillas.
"Yo puedo demostrar con números que también muchos de los recicladores pertenecen a la Mara Salvatrucha. Han sido capturados, a finales del mes de diciembre, varios recicladores menores de edad que se dedicaban al sicariato", dijo.
El jefe policial añadió que es sumamente complicado el escenario que enfrentan quienes trabajan en esa área de la recolección y manejo de los residuos, así como el personal de los taxis "piratas" y el transporte. Esto tomando en cuenta que, según sus palabras, hay muchos empleados que a lo interno ocasionan extorsiones y otro tipo de ilícitos y, por lo tanto, la PNC sigue abordando estos temas.
"Pero hay que tomar en consideración que el nivel de confianza que las empresas, los comercios, tengan sobre sus empleados va a ocasionar posiblemente que ellos mismos sean víctimas de sus propios empleados", enfatizó.
Instalan mesa de diálogo para abordar tema con recolectores y recicladores
Personas que se dedican al reciclaje de desechos realizaron una manifestación este lunes 17 de febrero en el vertedero de la zona 3 en rechazo al Acuerdo Gubernativo 184-2023, el cual contempla la clasificación de desechos sólidos y comunes separándolos en orgánicos, inorgánicos o no reciclables y reciclables.
Las protestas se han presentado en diferentes ocasiones y versos puntos después que la semana pasada entró en vigencia esta normativa, pues los ciudadanos señalan que se ven afectados, ya que los nuevos lineamientos del manejo de los desechos les impiden continuar trabajando.
Han expresado que, por lo tanto, se ven limitados sus recursos económicos al no tener una fuente de ingresos, ya que durante años han laborado en este ámbito.
Al ser consultada sobre la situación, la municipalidad de Guatemala dio a conocer que se instaló una mesa de mediación liderada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), donde se han llevado a cabo dos reuniones y se prevé una tercera, con el objetivo de fomentar el diálogo y buscar alternativas viables para la implementación del reglamento.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
