La Cámara de Comercio de Guatemala informó que este jueves 3 de abril se emitió una resolución en la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de la cual se otorgó el amparo provisional solicitado por esa entidad en seguimiento a las declaraciones brindadas por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán.
Los pueblos indígenas anunciaron esta semana que no permitirán el ingreso de camiones repartidores de aguas gaseosas, cerveza y licor a sus territorios. Esto como medida de hecho ante situaciones de la coyuntura nacional, incluyendo que el Congreso de la República no ha derogado definitivamente el aumento salarial otorgado a los diputados.
Con el fallo de la CC, se establece que el presidente de la república, Bernardo Arévalo; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; y el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, deberán girar las instrucciones necesarias para garantizar la preservación del orden público, el derecho a la libre locomoción y el derecho a la libertad de industria, comercio y trabajo.
Cámara explica amparo requerido
Fue el pasado martes cuando la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán brindó declaraciones al respecto de las acciones a tomar ante temas relacionados con el actuar de distintos organismos de Estado.
La Cámara consideró como "amenazas" lo mencionado por la Junta Directiva de los 48 Cantones, por lo que accionó ante el alto tribunal constitucional con el objetivo de obligar a las autoridades a garantizar la libre locomoción y la libertad de trabajo e industria.
"Hubo una preocupación muy sentida de parte de las empresas agremiadas a la cámara por este tema. En ese sentido, lo que hicimos fue accionar ante la CC a través de un amparo preventivo que busque obligar a las autoridades responsables del orden público para que se preserven los derechos constitucionales de todo guatemalteco", dijo al respecto Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara.
Aclaró que no están en contra del derecho de petición y manifestación que tienen las distintas organizaciones de expresar su molestia y exigir el cumplimiento de acuerdos. Según sus palabras, en lo que nunca han estado de acuerdo es que estas peticiones vengan acompañadas de "acciones ilegales" como medidas de presión, que consideró que atentan contra los derechos de ciudadanos que "nada o poco" tienen que ver con ese tipo de planteamientos.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7
