El Juzgado de Mayor Riesgo "A", a cargo de la juez Claudette Domínguez, resolvió este martes 10 de junio dictar auto de sobreseimiento a favor al expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, dentro del caso "Plazas Fantasma".
Varias horas duró la audiencia en la cual se expusieron los argumentos de las partes de este proceso previo a que la togada resolviera si el exdiputado enfrentaría o no debate oral y público por supuestamente incurrir en ilegalidades.
La Fiscalía aseguró que el sindicado cometió una serie de arbitrariedades, entre estas, excederse en las contrataciones de más de 150 plazas con renglón 022 durante su administración como presidente de la junta directiva del Legislativo, entre los años 2015 y 2016.
Supuestamente, se otorgaron contrataciones a personal, al que se le asignó salarios altos a pesar de no contar con la formación profesional necesaria, ya que incluso carecían de carreras universitarias cerradas.
La resolución a favor de Rabbé
Tras realizar el análisis respectivo del contenido del expediente del caso contra el exparlamentario, se inició con la fase de lectura de la argumentación. La jueza, entonces, procedió a dar a conocer su fallo en el que resaltó que no se presentaron los indicios suficientes para validar los señalamientos contra Rabbé.
"Esta judicatura de Mayor Riesgo, al tenor de regulado en los artículos 332, 341, ambos del Código Procesal Penal, considera que no existe fundamento serio para dictar un auto de apertura a juicio. Y, ante la falta de certeza, tampoco existe la posibilidad de incorporar nuevos medios de prueba. Es en ese sentido que, por todo lo argumentado y debidamente fundamentado en esta audiencia de etapa intermedia, se decreta auto de sobreseimiento a favor del acusado Luis Armando Rabbé Tejada por el delito de abuso de autoridad", dijo Domínguez.
Caso contra Rabbé
El exdiputado Luis Rabbé está implicado en la contratación irregular de personal en el Legislativo. Los hechos ilícitos se habrían registrado en el período 2015-2016 cuando era presidente de la junta directiva de ese organismo.
Según investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exdiputado habría ordenado la creación de un total de 164 plazas. Se estableció que las personas contratadas no cumplían con el perfil del puesto. Además, se le habría dado posesión retroactiva de sus cargos.
En ese contexto, la Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. El Juzgado de Mayor Riesgo "A" resolvió en septiembre pasado ligarlo a proceso penal por estos cargos.
En esa ocasión, el órgano jurisdiccional le dictó prisión preventiva; sin embargo, un mes después una sala admitió un recurso de la defensa y le otorgó medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario y una caución económica, lo que le permitió salir de prisión.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
