Las autoridades guatemaltecas han puesto en marcha a partir de este miércoles, 11 de noviembre, una iniciativa para salvaguardar el pinabete, una especie forestal endémica y emblemática del país que se encuentra catalogada en el Listado de Especies Amenazadas de Guatemala.
Su valor ecológico y cultural se suma también a que es un elemento distintivo de las festividades de fin de año en muchas comunidades. Por ello, las entidades responsables hacen un llamado enérgico a la ciudadanía para que se sume a los esfuerzos de protección y contribuya a la preservación de este tesoro natural.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), en colaboración con las instituciones que integran el Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, lanzaron oficialmente la Campaña Nacional para el Control y Conservación del Pinabete 2026.
Esta campaña tiene como propósito fundamental proteger este valioso recurso natural y asegurar que su comercialización durante la temporada navideña se realice de manera completamente legal y sostenible.
Verificación para una compra responsable
Como parte de las medidas de control implementadas para las próximas fiestas de fin de año, se insta a la población a ejercer un consumo consciente y responsable. Al momento de adquirir árboles, coronas o guirnaldas elaboradas con pinabete, es indispensable verificar que los productos cuenten con el marchamo oficial INAB/CONAP y su respectivo número correlativo.
Estos distintivos son la garantía de que el pinabete proviene de plantaciones debidamente autorizadas, contribuyendo así a la erradicación del mercado ilegal y al fomento de prácticas sostenibles que benefician tanto al medio ambiente como a la economía local.
Las autoridades fueron enfáticas al recordar las severas consecuencias legales que acarrea el tráfico ilícito de esta especie. Este acto es sancionado con penas de cinco a diez años de prisión y multas que oscilan entre Q10 mil y Q20 mil, conforme a lo estipulado en el artículo 82 de la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89.
La referida normativa subraya el compromiso del Estado guatemalteco con la protección de su biodiversidad y el castigo a quienes atenten contra ella, buscando disuadir cualquier actividad que ponga en riesgo la especie.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7
