El acceso a la educación superior y a la formación técnica en Guatemala contará con un nuevo respaldo legal luego de que el Congreso de la República aprobara de urgencia nacional el Decreto 28-2026, Ley del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), una normativa que busca garantizar la continuidad de este programa estatal y ampliar las oportunidades de preparación académica para la población.
La iniciativa recibió 138 votos favorables y convierte en permanente el marco jurídico del programa creado en 2025 para apoyar a guatemaltecos que desean iniciar, continuar o finalizar estudios universitarios, carreras técnicas y formación especializada, tanto dentro como fuera del país.
¿A quiénes beneficiará y cómo podrán acceder?
La ley establece que podrán optar a las becas los guatemaltecos que residan en el territorio nacional. La selección tomará en cuenta tres aspectos: la situación socioeconómica de los aspirantes, su mérito académico y la relación de la carrera elegida con las políticas nacionales de desarrollo.
El fondo ofrecerá dos modalidades: becas completas, que cubrirán la totalidad de los gastos educativos y el estipendio correspondiente, y parciales, destinadas a financiar una proporción de esos costos. Los montos, niveles y requisitos específicos serán definidos mediante el reglamento y las convocatorias respectivas.
¿De dónde saldrán los recursos y quién administrará el programa?
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) tendrá a su cargo la planificación, coordinación y orientación técnica del fondo. Su financiamiento podrá provenir de asignaciones adicionales del presupuesto estatal, cooperación nacional e internacional, así como donaciones.
Además, Segeplan deberá elaborar una programación multianual de pagos que será incorporada obligatoriamente al proyecto de presupuesto de cada año, con el propósito de garantizar que los estudiantes seleccionados puedan continuar su formación.
Al 30 de septiembre de 2026, Fonabe registraba 1,121 becas aprobadas en los 22 departamentos y 231 municipios. El 91% correspondía a personas de niveles socioeconómicos bajo y muy bajo, el 60% eran mujeres y el 49% se autoidentificaba como indígena.
Con esta aprobación, el Estado busca dar continuidad a los apoyos educativos y ampliar las oportunidades de profesionalización para los guatemaltecos.
