El fiscal general de México, Raúl Cervantes, está envuelto en una polémica al tener registrado un automóvil Ferrari en una casa deshabitada en el estado de Morelos, vecino a la Ciudad de México, una estrategia con la que usualmente se evita el pago de un impuesto en la capital.
Se trata de un Ferrari 458 Coupé del 2011 y valorado en 3,8 millones de pesos (unos 217.700 dólares), según una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicada este lunes.
Los dueños de vehículos de alta gama como Ferrari u otras marcas de lujo en muchas ocasiones obtienen sus placas de circulación en lugares distintos a Ciudad de México, en donde se paga un impuesto por poseer autos con un costo superior a los 250.000 pesos (unos 13.900 dólares).
Este es un mecanismo usado por una red de gestores que “consigue comprobantes de domicilios en barrios populares y ahí registran autos de lujo”, según otra investigación de la misma organización.
En respuesta al señalamiento, la representante legal del funcionario, Cristina Rocha, dijo al diario Reforma que el registro se debió a un “error administrativo” por parte de la empresa que vendió el vehículo.
La noticia llega cuando el nombre de Cervantes, quien previamente fue senador del oficialista PRI, suena para encabezar la Fiscalía General, un órgano autónomo que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR), como se le conoce a la fiscalía en México.
La posibilidad de que Cervantes se convierta en automático en el titular de ese órgano, gracias a una reforma constitucional, ha generado fuertes críticas de organismos de la sociedad civil.
“Como abogado de la nación, y no solo del gobierno, el nuevo Fiscal General requerirá un amplio respaldo social para enfrentar a quienes traicionan la ley y al Estado de Derecho”, señalaron las organizaciones en una carta abierta difundida a inicios de mes pidiendo que se elimine ese “pase automático”.
