La justicia española citó a declarar como investigados por un presunto delito de sedición al comandante de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, a una subalterna y a dos líderes independentistas, anunciaron este miércoles fuentes judiciales.
La investigación tiene que ver con las manifestaciones que ocurrieron ante una dependencia del gobierno catalán en Barcelona el 20 y el 21 de setiembre, cuando la guardia civil la registraba.
Las otras tres personas investigadas son la intendente de la policía catalana Teresa Laplana, y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de dos asociaciones independentistas -Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, respectivamente- por presuntamente alentar las manifestaciones espontáneas ante el departamento de Economía catalán.
Los cuatro declararán el viernes ante la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española.
Los manifestantes dañaron los vehículos de la Guardia Civil estacionados ante las dependencias y retrasaron la salida de los agentes hasta la madrugada.
Según la justicia española, son “reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”.
El delito de sedición está castigado con una pena máxima de prisión de 10 años en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.
