Las grandes empresas catalanas irrumpieron este jueves en la crisis política entre Barcelona y Madrid cuando el Banco Sabadell, quinto español, anunció que podría irse de Cataluña, cuyas autoridades no cejan en su empeño de declarar la independencia.
El Banco Sabadell, segundo de Cataluña después de Caixabank, decidirá esta tarde si traslada su sede social, confirmó a la AFP un portavoz, tras perder en torno al 10% en bolsa desde inicios de semana mientras España está sumida en su peor crisis política de la era democrática.
“Hay un consejo” este jueves por la tarde y el tema de un cambio de sede social “es uno de los asuntos que se abordará hoy, que se decidirá hoy”, explicó un portavoz.
La entidad empezó a recuperarse en los mercados en cuanto anunció su decisión, y en el aire pesa el ejemplo de la empresa biotecnológica Oryzon, cuyas acciones ganaron un 20% en la bolsa tras anunciar su traslado a Madrid.
Los acontecimientos se precipitaron desde el domingo, con el referéndum de independencia inconstitucional en el que más del 90% de los votantes, según el gobierno catalán de Carles Puigdemont, se pronunció a favor de la ruptura con España, con una participación del poco más del 42%.
Según los planes de la coalición de partidos independentista y el presidente Puigdemont, el parlamento regional debía proclamar la secesión en su primer pleno tras el referéndum, y este tendrá lugar el lunes, el primer “match ball” del pulso Madrid-Barcelona.
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s (S&P) situó el miércoles la nota de Cataluña bajo vigilancia negativa a raíz de la escalada de confrontación entre los separatistas catalanes y el gobierno español.
Los independentistas aglutinan diferentes actitudes ante la economía: del partido de extrema izquierda antisistema CUP, a la coalición de centro-izquierda Junts pel Sí, más receptiva al mundo empresarial y con muchos más vínculos con él.
Puigdemont no hizo alusión a la economía en su discurso del miércoles por la noche, pero tampoco dio signos de abandonar el objetivo de la independencia, al asegurar: “Hoy estamos más cerca que ayer de nuestro deseo histórico”.
– ‘Voz de alarma’ de los empresarios –
Este jueves, Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular y figura relevante en el partido del primer ministro Mariano Rajoy, dijo que el impacto económico de la crisis había infundido miedo a Puigdemont.
“Creo que tiene miedo, creo que hay mucha división entre los que le siguen porque los efectos económicos de lo que está haciendo empiezan a notarse ya en Cataluña, empiezan a sufrirlo las empresas catalanas y también las del resto de España”, dijo González Pons a la televisión Antena 3.
Según el diario catalán La Vanguardia, el miércoles los empresarios hicieron llegar “su voz de alarma” al presidente catalán, que insiste en una mediación internacional en la crisis, que Madrid rechaza frontalmente.
La bolsa de Madrid perdió el miércoles más del 3%, una caída no vista desde que Europa desayunó con la noticia inesperada de que el Reino Unido abandonaba la Unión Europea, en junio de 2016, pero el golpe más duro se lo llevaron el miércoles Caixabank y Sabadell, con pérdidas en bolsa de en torno al 5%.
“Hasta que no se aclare la situación en Cataluña, vemos complicado que la bolsa española pueda reaccionar al alza con convicción –no descartamos rebotes puntuales”, estimó este jueves la consultora Link Analysis.
– La deuda, el talón de Aquiles –
El gobierno catalán depende de la financiación de Madrid para afrontar gastos corrientes, y aunque S&P cree que Cataluña seguirá siendo parte de España, “no descarta” que la cooperación financiera entre los dos gobiernos se debilite.
Cataluña supone el 19% del PIB español y compite con Madrid por el puesto de región más rica de España, pero es de lejos la primera exportadora y copa un cuarto de las ventas españolas al extranjero.
El peso de la deuda pública es uno de los puntos débiles de Cataluña, ya que representa un 35,4% de su PIB, con lo se ubicaba como la tercera región más endeudada de España en términos relativos en el segundo trimestre de 2017.
En valor absoluto, Cataluña figura a la cabeza, con una deuda de 76.700 millones de euros a fines de junio.
S&P señaló que podría modificar la nota (B+/B) de Cataluña en los próximos tres meses porque existe el riesgo de que “esta escalada perjudique la coordinación y la comunicación entre los dos gobiernos, que son esenciales para la capacidad de Cataluña de reembolsar plenamente su deuda a tiempo”.
Según SP, Cataluña afronta el pago de 240 millones de euros en noviembre y de 540 millones de euros en enero de 2018.
Las emisiones de deuda catalanas ya llegaban a esta crisis política con grado especulativo, como resultado, según SP, de “una deuda creciente y la gestión financiera”.
