Roselló se reunirá con Trump una semana después de que el presidente amenazara con retirar la ayuda federal para esta isla del Caribe destruida por el huracán María hace un mes, luego del ya devastador embate de Irma.
“Vengo a pedir trato igual para los ciudadanos de Puerto Rico ante un evento catastrófico, sin precedentes”, dijo el jefe del ejecutivo puertorriqueño a periodistas en Washington.
“Estamos todos juntos en esto: ciudadanos estadounidenses de Texas, de Florida, de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de Estados Unidos”, agregó sobre estas otras partes de Estados Unidos golpeadas desde fines de agosto por potentes huracanes.
Roselló fue enfático sobre la necesidad de evitar una crisis humanitaria mayor en la isla, que además de esta tragedia natural lidia con una colosal deuda de 73.000 millones de dólares, que lo llevó a declararse en bancarrota en mayo.
“Se ha hecho mucho, pero se tiene que hacer mucho más. Tanto la Cámara, como el Senado y la Casa Blanca han estado ahí, pero quiero asegurarme de que esto no se quede donde estamos, que podamos salir luchando por los ciudadanos americanos de Puerto Rico”, dijo.
Tras visitar la isla a principios de octubre, Trump había pedido al Congreso que liberara un paquete de ayuda de 29.000 millones de dólares para Puerto Rico, de los cuales 16.000 millones eran para borrar una parte de la enorme deuda.
La Cámara de Representantes aprobó hace una semana un paquete de ayuda de 36.500 millones de dólares para comunidades afectadas por desastres naturales, entre ellas Puerto Rico. El texto pasó a consideración del Senado.
Este paquete se agrega a los 15.000 millones de dólares aprobados en septiembre luego de que Harvey e Irma golpearan Texas y Florida.
Para Puerto Rico, estas medidas incluyen 4.900 millones de dólares para dar liquidez a través de préstamos por desastres, los Community Disaster Loans; además de 1.200 millones de dólares para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
Roselló tiene previsto solicitar ahora entre 4.200 y 4.600 millones de dólares en otros programas federales para aliviar a corto plazo sectores como el comercial y un paquete a largo plazo para reparar los cientos de millones en pérdidas sufridas, indicó la oficina del gobernador en un comunicado.
Más de 20.000 funcionarios federales y militares trabajan en la recuperación de Puerto Rico, según datos oficiales, pero la situación está lejos de normalizarse.
El 81% de sus 3,4 millones de habitantes sigue sin electricidad. Todavía escasea el agua potable (solo 65% tiene acceso), el servicio de tratamiento de aguas residuales opera con restricciones (58% de las plantas funcionan) y menos del 8% de las carreteras están abiertas, según la Agencia federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).
