Firmado en Viena entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) más Alemania, el Plan Global de Acción Común (PGAC) preveía un levantamiento progresivo de las sanciones a cambio de la garantía de que Teherán no se iba a dotar del arma atómica.
– Negociaciones –
Hasan Rohani, que representaba ya a su país en las primeras negociaciones sobre el programa nuclear iraní, iniciadas en 2003, fue elegido presidente en junio de 2013. Obtuvo el aval del Guía Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, para desbloquear las conversaciones y designó a su ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, como mediador.
A finales de noviembre, las negociaciones desembocaron en un acuerdo por seis meses que limitaba actividades nucleares sensibles a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones. El acuerdo definitivo se alcanzó el 14 de julio de 2015 tras 12 años de crisis y 21 meses de intensas negociaciones.
– Reducción de la capacidad nuclear –
Teherán se comprometió a reducir sus capacidades nucleares (centrifugadoras, reservas de uranio enriquecido…) durante varios años.
El objetivo era volver a impedir que Irán fabricara una bomba atómica, garantizando a Teherán, que niega cualquier fin militar, el derecho a desarrollar una actividad nuclear civil.
Conforme a lo previsto por el acuerdo, Irán redujo el número de centrifugadoras autorizadas a enriquecer uranio a 5.060 (contra 10.200 en el momento de la firma del acuerdo) y se comprometió a no superarlo durante un período de 10 años.
Teherán también aceptó modificar su reactor de agua pesada de Araka, bajo control de la comunidad internacional, para imposibilitar la producción de plutonio con fines militares en esta instalación.
Según los términos del acuerdo, estas diferentes medidas aumentaron a un año lo que los especialistas llaman el “breakout time”: el tiempo que necesitaría Teherán para fabricar una bomba atómica. En el momento de la firma del acuerdo, se consideraba que era de dos o tres meses.
– Control –
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) está encargada de controlar regularmente todas las instalaciones nucleares iraníes, con prerrogativas considerablemente más importantes.
Irán aceptó un “acceso limitado” de la AIEA a instalaciones no nucleares, en particular militares.
La organización, con sede en Viena, ha llevado a cabo al menos 400 inspecciones regulares así como 25 visitas por sorpresa, que Teherán consiente a título exclusivo de la aplicación del texto y del protocolo adicional al Tratado de No Proliferación (TNP) que Irán aceptó aplicar.
El 9 de octubre el jefe de la AIEA confirmó, por octava vez, que Irán respetaba sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear.
– Levantamiento de las sanciones –
El acuerdo, validado por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 2015, entró en vigor el 16 de enero de 2016, abriendo la vía a un levantamiento parcial de las sanciones internacionales contra Irán.
Los embargos de la ONU sobre las armas convencionales y los misiles balísticos se mantienen hasta 2020 y 2023, respectivamente. Sin embargo, el Consejo de Seguridad puede acordar excepciones en casos particulares.
Desde entonces se han levantado numerosas sanciones internacionales, lo que abrió la puerta a la inversión extranjera. En julio de 2017, por ejemplo, un consorcio internacional encabezado por el grupo francés Total, firmó un acuerdo con Irán.
– Trump no certifica el acuerdo –
El viernes, Donald Trump pidió al Congreso endurecer el acuerdo, aunque no anunció que retiraba a Estados Unidos del pacto como lo prometió durante su campaña.
Al cabo de una larga crítica contra el acuerdo, “el peor” jamás negociado por Estados Unidos según Trump, el presidente anunció que Estados Unidos no se retiraría del pacto, pero precisó que no certifica el hecho de que Teherán respeta sus compromisos.
