“No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica”, dijo a la televisión catalana el abogado Paul Bekaert.
“Ya he tenido en el pasado casos como este, en los que se interroga al sospechoso en Bélgica”, añadió Bekaert, que ya frenó la extradición a España de una presunta miembro de la organización armada vasca ETA.
“Vamos a ver si esta demanda está bien fundamentada y examinaremos si las penas no son desproporcionadas, así como si se respetan los derechos fundamentales”, agregó el letrado.
Puigdemont, junto a otros 13 antiguos miembros de su gobierno cesado por las autoridades de Madrid, ha sido citado a declarar el jueves ante la Audiencia Nacional como sospechosos de rebelión, sedición y malversación de fondos, después de que el parlamento catalán proclamase la independencia el 27 de octubre.
Pero Puigdemont, de 54 años, decidió irse a Bruselas, donde el martes compareció ante la prensa y estimó que no hay suficientes garantías de que reciba un juicio justo.
En Bruselas le acompañan unos pocos miembros del gobierno catalán de los que se ignora todavía qué harán.
Quien sí irá a declarar es el segundo del ejecutivo destituido, Oriol Junqueras.
