“Queremos que Bruselas nos escuche y que salgan nuestros compañeros de la cárcel. Esto no puede ser. Somos demócratas”, dijo a la AFP José Fuentes, alcalde de Pont de Molins, un pequeño municipio de 500 habitantes situado a unos 20 kilómetros de la frontera con Francia.
La comitiva salió durante la mañana del aeropuerto barcelonés de El Prat rumbo a la capital belga, donde se encuentra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno a la espera de que los magistrados belgas resuelva la petición de entrega cursada por la justicia española.
El eurodiputado Josep Maria Terricabras, del partido independentista ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) indicó a los periodistas que la intención es que los regidores se encuentren también con Puigdemont, si bien no pudo confirmar detalles de ese eventual encuentro.
Bajo banderas independentistas catalanas, los alcaldes se concentraron en el barrio europeo de Bruselas, entre las sedes del ejecutivo comunitario y del Consejo de la Unión Europea, al grito de “¡Llibertat!” (libertad) y detrás de la pancarta: “Freedom political prisoners” (Libertad presos políticos).
A unas decenas de metros de la manifestación, unas 15 personas se manifestaban por la unidad de España con banderas de este país de la UE y al grito de “¡Viva España!”. La policía belga velaba por la seguridad entre ambas concentraciones.
“Soy pura catalana, nacida aquí [en Bélgica] y vengo por la unidad de España”, dijo María Virgili, de 61 años, para quien la presencia de Puigdemont en Bruselas “viene a meter líos con los flamencos”. “No necestitamos tener ese lío”, agregó.
A iniciativa de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), los alcaldes tienen previsto durante la tarde un acto en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR) para “denunciar la persecución judicial e ideológica que padecen los representantes del gobierno y el pueblo catalán”.
Con el ejecutivo de Puigdemont destituido tras la declaración unilateral de independencia, suspendida por la justicia española, es el gobierno español de Mariano Rajoy quien ahora controla esta región del noreste del país hasta la celebración de unas elecciones regionales el 21 de diciembre.
