La plataforma Uber puso a prueba hoy en su aplicación la nueva reglamentación para el transporte de lujo en Panamá, con lo que se produjo una baja sustancial en su servicio reconocida por la propia empresa trasnacional y criticada por las autoridades de tránsito del país centroamericano.
“Muy pronto se deberá cumplir con las exigencias establecidas en el Decreto 331, por ende hoy, 24 de noviembre, queremos darte un vistazo de cómo funcionará la aplicación con los requerimientos que este exige”, señala un comunicado de Uber colgado en su cuenta de Twitter.
Uber alertó a sus usuarios que como parte de este “ejercicio” la cantidad de vehículos disponibles sería “significativamente menor”, lo que en las redes sociales fue reportado como un “verdadero caos”.
Además, los usuarios no podían hacer uso del servicio sin tarjeta de crédito o débito “registrada en la plataforma como método de pago”.
La plataforma adelantó que también habría cambios en los tiempos de espera y costos, “dado que muchos socios conductores no se podrán conectar porque no cumplen con los requisitos del decreto”.
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) calificó hoy en un comunicado como “innecesaria y malintencionada” la iniciativa tomada por la plataforma de poner a prueba la nueva reglamentación.
La ATTT aclaró que esto es así “en virtud de que , la propuesta de negocio, en sus planteamientos iniciales, estableció el pago por medios electrónicos, como elemento diferenciador que justificaba su esencia, en la exclusividad de sus servicios”.
El pasado 1 de noviembre, Uber dijo que el 80 % de sus conductores no tienen la licencia especial que ahora exige Panamá para dar el servicio, lo que afectará negativamente al tiempo de espera de los clientes y la disponibilidad de vehículos.
El Decreto Ejecutivo 331, promulgado el 31 de octubre pasado por el Gobierno panameño para regular las plataformas tecnológicas de transporte, “promueve medidas discriminatorias y limita el derecho de todos los ciudadanos de escoger”, afirmó esa vez la empresa estadounidense.
Establece que estas aplicaciones dan un servicio de transporte “de lujo” y que sus conductores solo pueden ser panameños mayores de 21 años con licencia de tipo E1, que expide ATTT solo a los taxistas y para la cual es obligatorio presentar sus antecedentes penales.
La ATTT aseguró hoy que “a la fecha existen 157.348 conductores en el territorio nacional que cumplen con estos requisitos, al tiempo que recordó que el decreto “estableció un plazo de 60 días, para que las empresas, vehículos y conductores cumplan con las exigencias de la reglamentación”.
El decreto limita además el uso de este tipo de transporte a la capital panameña y a las provincias interiores de Panamá Oeste, Colón (norte) y Coclé (centro); especifica las características que deben cumplir los vehículos que presten el servicio; y suprime la opción de pago en efectivo, entre otras medidas.
La eliminación del pago en efectivo, una opción que Uber introdujo hace un año, va a afectar a 1 de cada 3 usuarios y a disminuir “significativamente” las ganancias de los conductores, ya que el 52 % de los viajes se pagan en metálico, según esta empresa.
Uber comunicó hoy a sus usuarios que “apoyamos que se replantee la regulación por una más flexible e inclusiva”, y alentó a sus clientes a que opinen si avalan que “se discuta el decreto”.
La considerada baja calidad del servicio de taxis tradicionales (de color amarillo) y la arbitrariedad con la que los conductores determinan las tarifas, pese a que los precios están regulados, han causado un auge de estas aplicaciones móviles en Panamá, entre las que también está la española Cabify. EFE
