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A woman protests against the eminent approval of an Internal Security Act outside the Senate in Mexico City, on December 5, 2017. Mexican deputies approved a new security law, which provides a legal framework for military deployment, the controversial initiative is being discussed in the Senate. / AFP PHOTO / Pedro Pardo

Manifestantes y ONU exigen a México rechazar proyecto de ley de seguridad

Piden que no se apruebe ley que conduciría a la militarización del país.

Manifestantes de organizaciones civiles y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU demandaron este martes al Senado mexicano que rechace un proyecto de ley de Seguridad Interior que, denuncian, conduciría a la militarización del país.

“¡Diputados, senadores, del pueblo son traidores!”, acusaron decenas de manifestantes frente al Senado, en el turístico Paseo de la Reforma de la capital mexicana, donde mantuvieron cerrados los accesos al recinto legislativo durante la mañana.

Ante el Senado, los manifestantes colocaron numerosos carteles en los que se denuncia que “desde que el Ejército está en las calles, la tasa de civiles muertos ha aumentado 200%”.

El gobierno federal lanzó en diciembre de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas en el marco de la cual se han registrado casos de abusos por parte de militares.

En Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó a los legisladores mexicanos a no aprobar este proyecto pues deja de lado el fortalecimiento de los cuerpos policiales y no establece un paulatino retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas propias de la policía.

“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad”, señala en un comunicado el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, al reconocer que el gobierno no tuvo inicialmente otra opción que recurrir a los militares para combatir al crimen organizado.

Pero “la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, añadió.

Desde 2006, la ola de violencia ligada al narcotráfico ha dejado más de 196.000 muertos y 30.000 desaparecidos en México, según cifras oficiales que no precisan cuántas de estas víctimas están relacionadas con el crimen organizado.

Las Fuerzas Armadas han actuado sin un marco legal por lo que el gobierno presentó el proyecto de ley, que ya fue aprobado la semana pasada por los diputados.

Pero según defensores de derechos humanos y la oposición, los límites para la intervención de las Fuerzas Armadas serían muy subjetivos bajo esa ley.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) ha advertido que prepara una acción de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto sea aprobado.

Fuente: AFP

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