La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció este viernes la creación de un plan nacional de búsqueda y destino final de los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y de una comisión para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo ese régimen.
Al presentar el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 -a tres meses de dejar el poder-, Bachelet anunció 500 medidas destinadas al respeto, protección y promoción de estos derechos.
Entre ellas, se cuenta un Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos y un Registro Nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas ocurridas durante la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos, y unos 38.000 torturados.
De las 1.132 personas detenidas y desaparecidas durante los 17 años del régimen pinochetista, solo 148 han sido encontradas e identificadas, según datos del espacio de memoria Londres 38.
Unos 1.300 exagentes del Estado han sido procesados por crímenes de lesa humanidad, de los que cuales 117 están cumpliendo condena, en cárceles especiales y con beneficios.
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Organizaciones de defensa de las víctimas han denunciado que el Ejército de Chile –que hasta 1998 condujo Pinochet- se niega a entregar la información sobre el destino de los desaparecidos tras sucesivos “pactos de silencio”.
A mediados de noviembre, el Ejército confirmó que no aplicó sanciones a los responsables de la destrucción de archivos de las policías políticas entre los años 1980 y 1982 que se encontraban bajo su resguardo.
De acuerdo a una investigación del diario estadounidense The New York Times, los documentos fueron incinerados en unos hornos de la localidad de Nos, en las afueras de Santiago, en el año 2000, una década después del regreso a la democracia.
Bachelet anunció, además, la creación de una Comisión Calificadora Permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y le pidió al Ministerio de Defensa “estudiar las alternativas para dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad”.
Pero la presidenta no se pronunció sobre el cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen condena la mayoría de los presos por violaciones de derechos humanos, cuya clausura ha sido exigida por organizaciones de víctimas.
Con información de la agencia: AFP
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