Los refuerzos policiales enviados por el gobierno español a Cataluña antes del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia, comenzaron este martes a ser retirados, indicó a la AFP el ministerio del Interior.
Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados a fines de septiembre en esta región del noreste de España, “se van a ir retirando de forma progresiva hasta el próximo sábado 30”, señaló un portavoz del ministerio.
La fuente no precisó de cuántos efectivos se trata. El diario El País había estimado en unos 10.000 hombres estos refuerzos.
Pese a haber sido declarado inconstitucional, el referéndum del 1 de octubre fue llevado a cabo por el gobierno independentista catalán, y estuvo marcado por la violencia de la policía que intentó incautar urnas en los colegios electorales.
Criticada durante la crisis catalana, la justicia española se defiende.
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Las imágenes dieron la vuelta al mundo y llevaron a los independentistas a denunciar la “represión” del gobierno central.
Al menos 92 personas resultaron heridas, ante lo que el delegado del gobierno en la región, Enric Millo, se disculpó una semana más tarde.
Cataluña posee su propia fuerza de policía, los Mossos d’Esquadra, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil cumplen un papel menor en la región.
Cataluña se mantiene bajo tutela del gobierno central desde el 27 de octubre, cuando el parlamento regional aprobó una declaración unilateral de independencia.
Echando mano a un nunca usado artículo (155) de la Constitución, el gobierno central destituyo al ejecutivo regional, disolvió el parlamento de mayoría independentista y convocó elecciones anticipadas para el pasado 21 de diciembre.
Los independentistas volvieron a obtener mayoría absoluta en la consulta y ahora deben intentar formar un nuevo gobierno.
El gobierno de Mariano Rajoy asegura que el control de la región se levantará una vez que el nuevo ejecutivo sea investido por el parlamento.
Con información de la agencia: AFP
Casi mil empresas trasladan la sede fiscal fuera de Cataluña desde octubre.
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