Las autoridades brasileñas preparan un operativo especial de seguridad en Porto Alegre (sur), preocupadas por eventuales disturbios durante un juicio clave para el futuro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que comienza el miércoles que viene.
“Tenemos que proteger el patrimonio y el orden público”, afirmó este viernes el ministro de Justicia, Torquato Jardim, tras reunirse con el presidente del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), que emitirá el veredicto la próxima semana.
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), ícono de la izquierda latinoamericana y el mandatario más popular de la historia moderna de Brasil, fue condenado a casi diez años de cárcel por corrupción, pero apela su caso en libertad.
Una legión de periodistas y militantes a favor y en contra de Lula acudirán a Porto Alegre para acompañar el fallo de segunda instancia.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades aumentarán el número de policías y delimitarán los espacios donde cada grupo podrá manifestarse. El número exacto de efectivos será divulgado la próxima semana.
El gobierno local llegó incluso a pedir la ayuda del ejército para evitar desbordes.
Alcalde brasileño pide ayuda al Ejército para el día del juicio a Lula.
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Se espera que el exmandatario siga el veredicto desde Sao Paulo, ciudad en la que reside y en la que el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) realizará actos de apoyo a su candidatura a las presidenciales de este año.
Pero el epicentro estará frente al tribunal de Porto Alegre, donde los activistas del PT y movimientos sociales de izquierda esperan reunir decenas de miles de militantes bajo el lema “Elecciones sin Lula son un fraude”.
Grupos contrarios al expresidente también convocaron manifestaciones.
El Movimiento Brasil Libre (MBL), que apoyó el impeachment de Dilma Rousseff (2011-2016), sucesora y ahijada política del exmandatario, desplegó carteles publicitarios en las calles de Porto Alegre con la frase “Lula a la cárcel”, junto a una caricatura del expresidente vestido de presidiario.
Lula, de 72 años, fue condenado por haber recibido un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.
Si el TRF4 ratifica la condena, Lula estará más cerca de que su eventual candidatura presidencial quede invalidada y de ir a prisión, aunque seguirá libre para hacer campaña hasta agotar todos los recursos ante cortes penales superiores y la justicia electoral.
El exdirigente sindical se proclama inocente y denuncia una conspiración de las élites.
Con información de la AFP
Lula denuncia "pacto diabólico" para impedir su regreso al poder.
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