Con información de la agencia de noticias: AFP
Poco antes de dejar el poder, la socialista Michelle Bachelet envió el proyecto al Congreso que establecía un “aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y torturas reconocidas por el Estado de Chile” de tres millones de pesos (casi 5.000 dólares)
La iniciativa se suma al Programa de Asistencia Integral en Salud y un anterior bono que le fue entregado a las víctimas y sus familias.
El proyecto de ley beneficiaba a 27.952 víctimas directas de torturas y 4.245 cónyuges sobrevivientes, con un costo total para el Estado chileno de 91.498 millones de pesos (unos 153 millones de dólares) en tres años de aplicación.
El papa dedica misa en Temuco a las víctimas de dictadura de Pinochet.
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“Lamentablemente es un proyecto que no cuenta con financiamiento (…) no está provisionado a la Ley de Presupuesto y tiene un costo muy elevado”, afirmó este jueves el ministro secretario general de la Presidencia Gonzalo Blumel, en una declaración en el palacio de gobierno.
“Es un proyecto que se presentó en forma tardía, lamentablemente, no financiado y la responsabilidad que tenemos como Gobierno nos obliga a tener que retirarlo”, añadió.
El retiro del proyecto fue objeto de polémica este jueves en la Cámara de Diputados, cuando el diputado ultraconservador Ignacio Urrutia afirmó que sus beneficiarios eran “terroristas con aguinaldo”, motivando el retiro de la sala de los diputados de la oposición.
Con el último aliento, el gobierno de Bachelet interpuso también ante la justicia una denuncia para que se investiguen los casi 30.000 testimonios sobre torturas cometidas en la dictadura de Pinochet (1973-1990), incluidos en dos informes oficiales que mantienen en secreto las identidades de las víctimas.
La dictadura de Pinochet dejó, además, más de 3.200 muertos y desaparecidos.
Con información de la agencia de noticias: AFP
Bachelet anuncia un plan de búsqueda de desaparecidos en dictadura de Pinochet.
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