Con información de AFP y EFE
Yolany Reyes lo tiene muy claro, nadie la separará de su niño de tres años.
“Sería como quitarme una parte de mi”, dijo esta hondureña de 26 años, que viajó con la caravana migrante a través México en tren, bus y a pie para pedir asilo en Estados Unidos.
Junto a un centenar de centroamericanos espera desde el domingo en un improvisado campamento en una plaza de Tijuana aledaña al puesto fronterizo, donde el lunes comenzó un lento proceso para presentar sus solicitudes.
Entre lunes y martes, 25 fueron admitidos en Estados Unidos con peticiones de asilo.
Proceso
Al llegar ante el oficial de inmigración, el indocumentado es detenido para la primera etapa que es determinar si hay “temor creíble”, explicó a la AFP Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias en la Universidad de Cornell.
“Luego procede una audiencia de asilo ante un juez de inmigración. El solicitante no tiene que ser detenido en esta etapa, pero a menudo lo es porque el gobierno quiere asegurarse de que se presente a su audiencia”, detalló.
Y en ese proceso, los niños pueden ser separados de sus padres.
Según el diario The New York Times, unos 700 niños fueron separados de sus padres en estaciones fronterizas desde octubre de 2017, 100 de ellos menores de cuatro años.
Críticos del presidente Donald Trump -que llegó al poder con un fuerte discurso anti-inmigrantes- sostienen que la separación de familias es una política del gobierno para evitar la llegada de más indocumentados.
Aunque Tyler Houton, del departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo negó. “No existe una política de separar familias en la frontera con propósitos disuasorios”.
“El DHS tiene la obligación de proteger los mejores intereses de los niños cruzando nuestras fronteras y ocasionalmente esto resulta en separarlos del adulto con el que están viajando si no se puede confirmar una relación parental o si pensamos que el niño está en peligro”, dijo.
Reyes no sabe realmente qué hacer: por un lado insiste en que no se separará de su niño y por el otro asegura que no puede volver a Colón, donde mataron a su padre campesino por motivos políticos.
“Hemos sufrido muchas tragedias”, contó esta mujer, que asegura que solo se sentirá a salvo solo en Estados Unidos, adonde hace un mes llegó su marido. “Corro peligro”, añade mientras alimenta a su pequeño con avena.
– “Práctica horrible” –
El gobierno alertó de un incremento en el número de detenciones de indocumentados en la frontera -90.033 entre enero y marzo 2018 frente a 62.525 en el mismo período de 2017-, y critica duramente la caravana “Viacrucis Migrante”.
“Es un ataque a la soberanía de la nación”, zanjó el director encargado de la policía migratoria ICE, Tom Homan, a la cadena FOX. “Se aprovechan de los vacíos legales del sistema”, dijo siguiendo el discurso de Trump y su vicepresidente Mike Pence.
“Algunos tienen buenos casos [para asilo], pero muchos no”, siguió Homan.
James Jones, abogado de inmigración en Chula Vista, en el fronterizo condado de San Diego, cruzó la frontera para dar consultas gratuitas a los miembros de la caravana sobre el proceso de asilo y sus riesgos.
“Tienen más temor de volver a casa”, explicó. “Si bien existe la posibilidad de ser separados de sus niños, hay una (preocupación) mayor de que mueran allá”.
Esa es la postura de Johana Magaly, de 37 años. Prefiere separarse de sus cinco hijos -entre 3 y 14 años- temporalmente si eso significa entrar a Estados Unidos y no volver a Guatemala, donde asegura, sin precisar detalles, un hombre la amenazaba de muerte.
“Con tal de estar mejor que en mi país y los pueda tener conmigo después”, corre el riesgo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU del inglés) ya demandó en la justicia al gobierno por su “política de separación de familias”, en un caso que buscaba reunir a una mujer del Congo huyendo de la violencia y su hija de siete años, colocadas en sitios de detención a más de 3.200 km de distancia.
El gobierno al final liberó a la mujer.
“Muchas familias continúan separadas, continuaremos peleando esta práctica horrible”, indicó Lee Gelernt, del programa de derechos del inmigrante de ACLU.
