La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para proteger los derechos de Edwin Heriberto Roman Calderón, sacerdote de Masaya, y Álvaro Leiva Sánchez, defensor de los derechos humanos, durante los episodios de violencia que está viviendo Nicaragua.
En un comunicado, la CIDH indicó hoy que ambos beneficiarios al parecer participaron en el resguardo de la población civil en la Parroquia de San Miguel, en un momento de especial tensión en el que fueron rodeados por antimotines y fueron objeto de disparos.
“Los beneficiarios con una bandera blanca habrían salido de la parroquia en medio de los enfrentamientos y barricadas con el objetivo de realizar labores de mediación logrando la liberación de 21 personas que habrían sido detenidas por la Policía”, indicó la CIDH en un comunicado.
“En dicho escenario la vida e integridad de los beneficiarios se habría encontrado altamente en peligro”, agregó.
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En vista de lo anterior, la Comisión consideró que la información recibida sobre la situación de riesgo de los beneficiarios permite considerar que “los derechos a la vida e integridad personal del padre Edwin Heriberto Roman Calderón y Álvaro Leiva Sánchez se encuentran en grave riesgo”.
Asimismo, en vista de las posibles represalias alegadas, la Comisión consideró que dicha situación de riesgo se extiende a sus núcleos familiares.
A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional.
Asimismo, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que concierte las medidas de protección y que informe de ellas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar.
La Comisión continua con el estudio de las solicitudes de medidas cautelares recibidas durante y después de la visita que realizó el mes pasado a Nicaragua.
Hasta la fecha, la Secretaría Ejecutiva ha registrado 150 solicitudes recibidas, el 100 % de las cuales se ha clasificado y evaluado.
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La Comisión ha adoptado cuatro resoluciones de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad de 24 personas, que incluyen estudiantes universitarios, familiares de víctimas, sobrevivientes de hechos de violencia, sacerdotes, defensores de derechos humanos y personas que han brindado asistencia a heridos.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del líder, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años ochenta con al menos 127 muertos y un millar de heridos, según la CIDH.
Con información de la agencia EFE
La CIDH eleva a 127 las víctimas mortales de las protestas en Nicaragua.
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