La Policía de Nicaragua calificó hoy de “ilegales” las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y advirtió a sus organizadores que “responderán ante la justicia”, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en las manifestaciones.
“La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses”, informó la institución en un comunicado.
#Nicaragua: #OACNUDH advierte que considerar responsables o exigir cuentas a organizadores y participantes en las reuniones por el comportamiento ilícito de otros viola normas básicas de la responsabilidad penal y los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica (1)
— OACNUDH (@OACNUDH) September 29, 2018
Policía: “Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia”
La declaración fue emitida en una nota en la que acusa a los organizadores de las protestas de varios tiroteos, agresiones a viviendas y una persona muerta entre el 2 y el 23 de septiembre.
“Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”, agregó la Policía.
“La Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida y el orden público”, agregó.
La #CIDH recibe con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de #Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática.
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 29, 2018
Organizaciones dicen que son más de 300 muertos
El comunicado de la Policía nicaragüense contradice la posición de los manifestantes, la opositora Alianza Cívica y organismos humanitarios, que sostienen que protestar no es un delito en Nicaragua y que las marchas contra el Gobierno han sido pacíficas, solamente interrumpidas por agresiones armadas de grupos oficialistas y agentes policiales.
Las organizaciones humanitarias calculan que la crisis ha dejado entre 322 y 512 muertos y más de 300 “presos políticos” desde el 18 de abril, en protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno por “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega insiste en que se trata de un intento de “golpe de Estado”
El Gobierno de Ortega, que cifra en 199 los muertos, ha rechazado las acusaciones y sostiene que todo se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y Murillo iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
Hoy inicia una nueva etapa de la protesta ciudadana que ha sido oficialmente criminalizada por la dictadura de Ortega, aunque la Constitución Política de #Nicaragua reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública (Arto. 54 de la CN) pic.twitter.com/Tlr1yS6ZqB
— Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) September 29, 2018