Un juzgado hondureño declaró este jueves culpables a siete hombres por el asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres, incluyendo a un empleado de una empresa hidroeléctrica que había amenazado de muerte a la ecologista.
El tribunal de tres jueces “declara la responsabilidad penal” de Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y otros seis acusados, según el fallo leído en un juzgado de Tegucigalpa.
Decisión unánime
En base a “pruebas sólidas” y por unanimidad de los tres jueces de la sala, la resolución anota que la definición de la pena de la cantidad de años de cárcel será dictada el próximo 10 de enero.
Y detalla que Rodríguez coordinó con el exjefe de seguridad de DESA Douglas Bustillo, con el mayor del ejército Mariano Díaz, y otro ejecutivo de esa empresa, para contratar a cuatro sicarios que mataran a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Los cuatro sicarios son Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres.
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Los hechos
Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente a la casa de Cáceres en la comunidad de La Esperanza (oeste) el 2 de marzo de 2016 y mataron a tiros a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque él se hizo el muerto.
Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Además, quedó evidenciada una oferta económica de 100.000 lempiras (poco más de 4.000 dólares) para los sicarios.
El fallo explicó que quedó comprobado el delito de “asesinato” por parte de Rodríguez, Bustillo y Díaz y de “asesinato” y “tentativa de asesinato” de Castro contra los cuatro sicarios.
El delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.
Absuelto
El tribunal absolvió a Emerson Duarte -hermano gemelo de Edilson- acusado por la fiscalía de complicidad porque en su casa, en el caribeño puerto de La Ceiba, se encontró el arma homicida pero no pudo probar que tenía conocimiento de que la pistola había sido usada para asesinar a la ambientalista.
El poder Judicial tiene pendiente conocer el juicio del noveno acusado, el presidente de DESA, David Castillo.
Al exponer las causas del asesinato, el tribunal concluyó que el personal de DESA consideraba que asesinando a Cáceres podía continuar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque.
La obra estaba paralizada por las protestas del Copinh, encabezadas por Cáceres.
