Nota de EU89.7
Esto es lo que ha ocurrido en ocho días de Estado de Sitio en Izabal

Se debió hacer una intervención planificada. Pero se denota que fue una decisión improvisada. En El Estor debe haber una alternativa de desarrollo.

Hoy se cumplen ocho días de que la Presidencia de la República decretó el Estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos del oriente y nororiente del país, derivado de hechos violentos en la aldea Semuy II, de El Estor, Izabal.

De acuerdo con el Decreto Gubernativo 1-2019, que posteriormente fue ratificado por el Congreso de la República, la medida tiene vigencia en todo el departamento de Izabal, derivado de la muerte de tres militares a manos de supuestos narcotraficantes que operan en el sector.

Además, se aplica en Tactic, Senahú, Tamahú, Cucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina La Tinta, Cahal y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

En Zacapa, están afectados los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán; en El Progreso, San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán; en Baja Verapaz, Purulhá, y en Petén, el municipio de San Luis.

No hay resultados a la fecha

Una semana después, los resultados aún no son de mayor cuantía, según reportes de las autoridades, amén de 89 capturas ejecutadas, algunas que estaban pendientes ordenadas por juzgados y, otras, porque las personas escandalizaban en la vía pública, por ebriedad o por portación ilegal de armas.

Pese a que la medida fue impuesta por supuestas acciones del narcotráfico, esta semana el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, aseguró que no han identificado a ningún grupo de narcotraficantes en la zona afectada por el Estado de Sitio, aunque justificó las operaciones en la desactivación de casi medio centenar de pistas clandestinas.

Por aparte. Al principio se dijo que la patrulla militar había sido despojada de su armamento y atacada con sus mismas armas. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), declaró que la muerte de los tres efectivos fue ocasionada aparentemente con proyectil de escopeta, con lo cual se contradicen las versiones.

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Entre todo, el excomandante guerrillero, César Montes, ha sido señalado de incitar a los pobladores del sector a que atacaran a la patrulla; sin embargo, éste salió diciendo que los campesinos se sintieron amenazados por un desalojo de tierras y reaccionaron en su defensa.

Cinco campesinos resultaron heridos en la trifulca. Días más tarde, otro apareció muerto. Supuestamente se suicidó y los pobladores aseguraron que fue el responsable del ataque. Nada de eso se ha aclarado hasta hoy.

Entre tanto, Montes ha declarado: “Yo me encontraba muy lejano y no tengo nada que ver con esos hechos. No estaba ahí y no di órdenes a nadie de que mataran a nadie. Yo intervine para calmar a la gente y para que ya no hubiera muertos”, dijo montes en un video.

E insistió: “No hubo una emboscada, no hubo una emboscada, lo que hubo fue un enfrentamiento con los campesinos de Semuy II”, añadió.

La Policía Nacional Civil (PNC) realizó el 9 de septiembre un allanamiento en el municipio de Amatitlán, Guatemala, que buscaba capturarlo, aunque aseguraron que ese operativo no tenía nada qué ver con los hechos ocurridos en El Estor.

Acciones legales de ONG

El Ministerio Público (MP) señaló que integrantes de una familia local poseen información que la Fiscalía considera relevante para recrear los hechos, por lo cual los testigos ya figuran como testigos protegidos para resguardar su integridad.

Mientras, organizaciones de derechos humanos, autoridades ancestrales y representantes de grupos sociales pidieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspenda el Estado de Sitio “porque atenta contra los derechos humanos de las personas que están en los departamentos donde se decretó”.

Faltan 22 días para que finalice la medida y analistas políticos expertos en seguridad, aseguran que los resultados no serán suficientes, habida cuenta de que se trata de una región que ha estado abandonada por el Estado y mantiene diversos conflictos sociales derivados de la lucha por la tierra.

Lo que opinan expertos

 

Mario Castañeda, exviceministro de Gobernación y exfiscal del Ministerio Público (MP), afirmó en Emisoras Unidas que la conflictividad en Izabal se da por “la efervescencia que hay en la región por la presencia de la minera, la palma africana y el abandono del Estado con todas sus manifestaciones. Se necesita una respuesta integral”.

 

Carlos Mendoza, investigador de Diálogos.

Por su parte, Carlos Mendoza, investigador del Observatorio de la Violencia de Diálogos,  especializado en Seguridad Ciudadana y Violencia Homicida, expresó: “Se debió hacer una intervención planificada. Pero se denota que fue una decisión improvisada. En El Estor debe haber una alternativa de desarrollo para evitar las posibilidades que les provee el narcotráfico”.

 

Para el exvocero del Ejército, Jorge Ortega Gaitán, este problema “pudo haberse evitado. “En este siglo podemos resolver nuestros problemas a través del diálogo. Hay 12 técnicas para solucionar conflictividades. El diálogo es fundamental. Sin embargo hubo un choque en el que nadie cedió y tenemos ese triple asesinato”.

 

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