A través de mensajes de texto el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, confirmó que a finales del mes pasado, sostuvo una reunión con la exfiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, quien le manifestó que ella está instalada en Estados Unidos, en donde no se encuentra en alto riesgo.
Sin embargo, Aldana indicó que le preocupaba la situación de sus hijos, quienes siguen en Guatemala, y quienes quedaron sin seguridad luego de que la actual Fiscal, Consuelo Porras, derogara el acuerdo que les proporcionaba seguridad indefinida, luego de que Aldana concluyera su mandato.
A decir de Abrāo, tras recibir la información por escrito en el expediente, se hizo el traslado correspondiente al Estado de Guatemala para que “proporcione sus observaciones a lo indicado por la representación, y en particular, se pronuncie sobre la situación de los hijos que forman parte del núcleo familiar (de Aldana)”.
Ampliación: @ThelmaAldana expuso que le preocupaba la situación de sus hijos en Guatemala, quienes quedaron sin seguridad luego de que la fiscal del @MPguatemala Consuelo Porras anulara el acuerdo que daba protección y seguridad por haber ocupado ese cargo.
Vía @AdrianSoto_EU pic.twitter.com/AHUtzYYD8r— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 12, 2019
El Secretario Ejecutivo de la CIDH añadió que el Estado de Guatemala aún está pendiente de responder, ya qué hay una solicitud vigente de prórroga para entregar las diversas informaciones que se han pedido por esta entidad internacional en materia de derechos humanos, y la cual se revisará para determinar si hay incumplimiento de las medidas cautelares de las que Thelma Aldana y su núcleo, son beneficiarios.
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Acuerdo derogado
El acuerdo que autorizaba seguridad para la exfiscal general, Thelma Aldana, fue derogado por la jefa del MP, Consuelo Porras, quien aseguró que cuando ella finalice su gestión no tendrá agentes “a su disposición”.
La seguridad a favor de Aldana consistía en 28 guardias y cinco vehículos blindados, por tiempo indefinido, y que supuestamente habría costado hasta ahora la suma de Q6.8 millones.
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“Ya procedí a derogar los acuerdos emitidos con anterioridad emitidos a mi gestión, relativos a ese tema”, enfatizó Porras Argueta.
En septiembre pasado, la Contraloría General de Cuentas había enviado a la Fiscal General un informe detallado sobre el análisis que efectuó al Acuerdo que autorizaba las medidas de seguridad para Aldana.
El 8 de noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al amparo interpuesto por Aldana contra contra la Fiscal General, Consuelo Porras, por retirarle medidas de seguridad.
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Con información de Adrián Soto
