Nota de EU89.7
Resolución de la CC por caso Financiamiento UNE afectaría investigaciones

El MP confirmó que la reciente sentencia emitida por la CC dentro del caso Financiamiento UNE afectaría las investigaciones relacionadas a la posible comisión de delitos electorales.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmó que la reciente sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) dentro del caso Financiamiento Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) afectaría las investigaciones relacionadas a la posible comisión de delitos electorales.

Dichas investigaciones podrían efectuarse solo si existen auditorías del Tribunal Supremo Electoral (TSE); según el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, será criterio de cada juez tomar o no en cuenta dicha resolución como parámetro dentro de otros procesos.

“El amparo es personal y directo, se indica que la querella debe iniciar con una auditoría del TSE, si los órganos jurisdiccionales toman dicha resolución como parámetro, que son independientes en su actuar, prácticamente dejan sin efecto las investigaciones realizadas, tomando en consideración que lo que el TSE tiene a la vista son auditorías que presentan los partidos políticos”, agregó Sandoval.

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La alta corte rechazó un amparo planteado por la FECI en el cual buscaba que se revirtiera la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no avaló procesos de antejuicio contra cuatro diputados del partido UNE.

Esto se debe al caso de financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito por parte de esta agrupación política, en donde también es señalada la excandidata presidencial Sandra Torres.

Reelectos

Se trata de los congresistas Joaquín Flores, Karina Paz, Jorge Vargas y Julio Excamey quienes fueron reelectos.

El 2 de septiembre pasado, la excandidata presidencial Sandra Torres fue detenida y enviada a prisión preventiva por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015.

El caso

En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018,  que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa  Ingeniería Integral S.A., hacia  la entidad MAARIV, S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.

 

Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran  utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Estos aportes no fueron reportados al TSE, según constató la FECI.

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Con información de Alexander Valdez