Las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Ministerio Público (MP), ejecutaron varias órdenes de captura contra personas señaladas en el caso del Libramiento de Chimaltenango.
La Fiscalía contra la Corrupción había solicitado 34 detenciones, incluida la del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Sin embargo, el juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, autorizó 29, de las cuales no figuraba la de Benito.
Orden de captura para exministro José Luis Benito no fue autorizada por el juez Mynor Moto
Comunicado
Sobre este hecho, la Constructora Nacional S.A. (Conasa), encargada de la obra que se realizó durante la gestión de Jimmy Morales, emitió un comunicado donde destacó que tuvo conocimiento de las órdenes de aprehensión.
Agregó que el fiscal a cargo “ha sostenido que solicitó la captura de uno de los representantes legales de Conasa, de quien la propia Fiscalía está plenamente enterada, fue diagnosticado con quebrantos de salud y está bajo medidas sanitarias estrictas, ya que la semana pasada el abogado de la empresa informó y justificó a la Fiscalía el diagnóstico”.
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Se añadió desconocer los motivos de las capturas y los señalamientos individuales, “pero se han indicado una serie de ilícitos sobre los cuales esta entidad prestará toda colaboración para que sean esclarecidos”.
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El fiscal Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, indicó que solicitaron 34 capturas por el caso Libramiento Chimaltenango, pero solo se les autorizaron 29.https://t.co/tpNUxECmOs— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 10, 2020
Colaboración
Conasa agregó lo siguiente:
- Que en dos ocasiones anteriores la empresa ha señalado de forma pública, que ha colaborado con las autoridades, entendiéndose por autoridades la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, poniendo a su disposición toda la documentación que incluye informes técnicos, legales y de soporte, así como la contabilidad de CONASA.
- En reiteradas ocasiones, durante meses, se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que nuestro representante legal declarara, lo cual no se materializó por “falta de tiempo” del personal del Ministerio Público y ahora nos sorprende con una orden de captura.
- Los problemas de deslizamientos de tierras registrados en la obra se encuentran plenamente documentados en los expedientes administrativos respectivos, así como sus orígenes. La fuerza mayor o caso fortuito fue manifestado, de acuerdo con las cláusulas contractuales. Asimismo, se tramitan dos amparos por silencio administrativo toda vez que las autoridades no han dado respuesta a los planteamientos hechos para reparar los taludes.
- Sin conocer detalles, pero por las informaciones que han circulado atribuidas al fiscal a cargo, CONASA rechaza que haya existido dolo o lavado de activos en una obra cuya fuente de pago es pública, y que conforme el ordenamiento jurídico es libre de contratar con otras empresas, personas y proveedores sin limitación.
- Por último, reiteramos nuestro compromiso con las investigaciones de forma irrestricta pero no dejamos de lamentar que el ámbito penal se utilice para la discusión de aspectos técnicos de una obra, y que esto esté sucediendo cuando siempre hemos colaborado y entregado la información que nos han solicitado.
