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MP avanza en investigación de segunda fase del caso Libramiento de Chimaltenango

El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción consideró que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, implicado en el caso, posiblemente no estaría prófugo si el juez Mynor Moto hubiera autorizado a tiempo la orden de captura en su contra.

José Luis Benito Ruiz

La Fiscalía contra la Corrupción presentó ayer en el juzgado correspondiente la acusación formal contra 14 personas implicadas en el caso Libramiento de Chimaltenango, contra quienes también se pidió la apertura a juicio.

El jefe de esa unidad del Ministerio Público (MP), Stuardo Campo, indicó que este proceso corresponde a la primera fase de etapa I de la investigación.

En esta se encuentran señalados los representantes legales de las empresas Conasa y Renova Ingenieros S. A., a quienes se les atribuyen los delitos de fraude.

Supuestamente los empresarios recibieron la adjudicación irregular de la obra, que además fue construida con materiales no adecuados y de baja calidad.

También se sindica de estafa propia y lavado de dinero u otros activos a 11 personas particulares, que habrían simulado ser los poseedores de algunos terrenos por los que el Estado pagó Q15 millones, con el fin de utilizarlos.

Tras sustraer el dinero del erario público, recibieron el dinero en sus cuentas bancarias y se realizaron transacciones como el cobro de cheques, el pago de créditos y de un vehículo último modelo y la compra de cheques de caja, con el fin de ocultar su verdadero destino.

La otra persona acusada es una funcionaria que hizo una certificación anómala de expedientes administrativos, por lo que se le atribuyen los cargos de falsedad ideológica y abuso de autoridad.

La fiscalía entregó ayer el escrito de acusación en el Juzgado de Mayor Riesgo C, que incluye 155 medios de convicción, entre los que destacan dos auditorías emitidas por la Contraloría General de Cuentas y dos auditorías tributarias elaboradas por la Superintendencia de Administración Tributaria.

Además, un análisis contable financiero elaborado por un profesional del departamento de Análisis Financiero del MP y un peritaje realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

A ello se suma información proveniente de los diferentes bancos el sistema y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), declaraciones testimoniales y documentos para acreditar esa posible responsabilidad penal de las personas acusadas.

“Es una acusación bastante completa, la investigación es científica y estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho para que sea elevado a un tribunal de sentencia”, aseguró el entrevistado.

Ampliación de la investigación

Campo explicó que en la segunda etapa de esta fase se incluiría a 16 exfuncionarios implicados en las irregularidades que llevaron a la construcción de un tramo carretero deficiente.

A estas personas también se les atribuye la autorización de los pagos de parte de la Dirección General de Caminos a los supuestos dueños de las tierras que fueron indemnizados por el Estado por los Q15 millones.

El ente investigador ya accionó legalmente contra los extrabajadores del Ministerio de Comunicaciones, pero el Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto, los benefició al decretar auto de falta de mérito a su favor.

A criterio de Campo, ese fallo fue un “golpe fuerte para la justicia”, porque se tiene a personas particulares ya procesadas, por lo que es incomprensible que solo estas tuvieran participación en hechos ilícitos.

Según sus palabras, es más que evidente que el conjunto de funcionarios que fueron imputados por la fiscalía tuvieron participación, pero pese a ello se les benefició por resolución judicial.

Debido a esta situación, la fiscalía presentó un recurso de apelación contra el fallo de Moto, en busca de dejarlo sin efecto y llevar a los tribunales a los sindicados.

Mientras tanto, el fiscal anunció que se han tenido otros avances además de los que ya se han expuesto, lo que llevaría a tener una segunda fase del caso.

“Definitivamente va a existir una segunda fase, pues ya poseemos información que estamos confirmando en relación a otro tipo de actividades ilícitas que involucrarían a personas del más alto nivel dentro de la estructura del Estado”, expuso.

De igual forma, mencionó que aunque por ahora los señalados son exfuncionarios que laboraron en la gestión del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, durante el gobierno de Jimmy Morales, no se descarta que haya personas involucradas que prestaron servicio público en otros períodos gubernamentales.

Señala “retardos maliciosos” en trámites del caso

Otro punto al que refirió Campo es que ayer, cuando acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo C, se pudieron percatar de que el Juzgado Tercero, que anteriormente tenía asignado el expediente, no lo había trasladado formalmente a la nueva judicatura.

Tampoco le había dado trámite a las apelaciones que ha planteado el MP y fue hasta en horas de la tarde que envió al otro órgano jurisdiccional las actuaciones correspondientes.

A criterio de Campo, esta situación es llamativa y preocupante, por lo que la fiscalía la estudiará para determinar cuáles son las acciones legales que se presentarán ante los “retardos maliciosos”.

Otro punto del que habló es de la situación de Benito, quien se encuentra prófugo de la justicia por su implicación en el caso de los Q122 millones ubicados en una casa de Antigua Guatemala.

El pasado 10 de julio, cuando se capturó a los implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango, se conoció que aunque había indicios contra el exfuncionario, el juez Moto no autorizó su orden de captura.

“Definitivamente si se hubiera ordenado en su momento la aprehensión de José Luis Benito muy posiblemente esta persona no estaría prófuga de la justicia al día de hoy”, concluyó.