Colaboración eficaz en caso de corrupción en el MEM es aceptada

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Colaboración eficaz en caso de corrupción en el MEM es aceptada

El exministro Erick Archila Dehesa es señalado por el órgano encargado de la persecución penal en un caso de corrupción en el MEM.

Bien inmueble incautado a Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas, vinculado al caso "Mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas".
Bien inmueble incautado a Erick Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas, vinculado al caso "Mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas".

El Juzgado de Mayor Riesgo E aceptó el acuerdo de colaboración eficaz en el caso que se denomina como “Mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas”.

La jueza Eva Recinos analizó la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de calificar a un procesado en el referido caso como testigo eficaz.

Esa calidad se le otorga a los sospechosos de integrar estructuras criminales que deciden apoyar las investigaciones del órgano encargado de la persecución penal, y delatar a los otros miembros de la red delictiva, entre otros aspectos.

La referida calificación fue concedida a Edwin Alberto Hernández Roque, lo cual significa que también se le deberán otorgar algunos beneficios en el proceso penal que se sigue en su contra.

Según las declaraciones que el ahora colaborador eficaz dio a la fiscalía, habría entregado sobornos a Erick Archila Dehesa, extitular del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En la Ley contra la Delincuencia Organizada se establecen los beneficios judiciales que se pueden conceder a los señalados de integrar redes criminales que hubiesen contribuido con el MP con la resolución de las investigaciones.

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Oposición a beneficios en caso de corrupción

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se opuso a que Hernández Roque fuera declarado como colaborador eficaz en el caso.

Además, enfatizó en que no estaba de acuerdo con el arreglo al cual arribaron la defensa del señalado con el MP, debido a que este se habría comprometido a resarcir al Estado por Q4 millones.

Según el órgano que funciona como abogado del Estado, no se tenía un análisis adecuado para imponer el monto de la reparación digna.

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