El gobierno del presidente Joe Biden está “preocupado” por las investigaciones contra periodistas en Guatemala y estima que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”, afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
“Estamos profundamente preocupados”, afirmó Price en un comunicado. “Instamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyar el periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera”, subrayó.
El martes un juez guatemalteco abrió un segundo proceso penal contra José Rubén Zamora, presidente y dueño del diario El Periódico, quien se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021.
Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público (Fiscalía) de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala.
“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, sostuvo Price en la nota.
Washington recordó que “las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar, recibir y divulgar información”, tanto en línea como fuera de internet.
#AHORA En un comunicado, la @usembassyguate dice que le "preocupan profundamente los informes sobre una orden judicial para investigar a nueve periodistas guatemaltecos". "Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas", indica pic.twitter.com/S9wpN4y2c0
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 2, 2023
Periodista enfrentará juicio
Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37 mil 500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría.
El periodista, de 66 años, se autocalifica como un “perseguido político” y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción.
En 2021, Estados Unidos incluyó a Porras en una lista de implicados en actos de corrupción o que socavan la democracia tras su decisión de despedir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y considerado por Washington como un “campeón anticorrupción”.
* Con información de la agencia de noticias AFP.
