El Ejecutivo confirmó este martes, 18 de abril, la ampliación de la vigencia de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que se vencía en enero de 2024 y ahora se extenderá hasta enero de 2028.
En el diario oficial fue publicado el acuerdo gubernativo número 72-2023, del Ministerio de Gobernación, en el cual se establece que esta dependencia estará en funcionamiento por cuatro años más.
El documento detalla que la decisión obedece a que la lucha contra la corrupción constituye un compromiso nacional e internacional, en especial por los instrumentos regionales y mundiales de los cuales el Estado de Guatemala es parte.
Entre estos, menciona la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Señala que fue mediante el acuerdo gubernativo número 28-2020 del Presidente de la República, fechado el 20 de enero de 2020, que se creó la comisión.
En este período, asegura, ha permitido atender y dar seguimiento a tales responsabilidades estatales, así como por los resultados y logros que se han obtenido en las dos áreas de incidencia de la comisión.
“Es decir, tanto en el combate a la corrupción, como en la prevención de la misma dentro del organismo Ejecutivo, por lo que se considera indispensable ampliar su plazo de vigencia por cuatro años, con el objeto de continuar con el desarrollo de sus atribuciones”, cita.
#EUNacionales Guatemala obtuvo u nota histórica más baja desde 1996 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 17, 2023
Informe de HRW señala los efectos de la corrupción en Guatemala
La organización Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el pasado 12 de enero el contenido de su Informe Mundial 2023, que analiza el estado de los derechos humanos en casi 100 países. En este se detallaron los efectos que la corrupción genera en Guatemala.
En el documento se hace referencia a las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conjunto con el Ministerio Público (MP), que pusieron al descubierto más de 120 casos de corrupción en los tres poderes del Estado.
Se indicó que la entidad respaldada por las Naciones Unidas dejó de funcionar en 2019, pues el expresidente Jimmy Morales puso fin a su mandato, y que desde entonces han continuado los hechos irregulares en la administración pública.
“Desde entonces, la fiscal general Consuelo Porras ha debilitado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), organismo responsable de investigar la corrupción, paralizando los avances en los casos”, destacó HRW.
