La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció este viernes 8 de diciembre luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP) de Guatemala, reveló los resultados de investigaciones con respecto a supuestas alteraciones en los resultados de las Elecciones Generales 2023.
Por medio de un comunicado, la organización aseguró que las acciones de los fiscales Rafael Curruchiche, titular de la referida oficina, y de la agente fiscal Leonor Morales, constituyen una alteración del orden constitucional del país.
También calificó el actuar de los trabajadores del ente investigador como un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población guatemalteca. En ese sentido, consideró que existe un intento de golpe de Estado por parte del MP, lo cual condenó.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, expresó.
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Llamado a las autoridades de Guatemala
Tras referirse a la situación en Guatemala, la OEA hizo un llamado al presidente Alejandro Giammattei, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país.
“Tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la Democracia en Guatemala”, señaló.
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OEA señala judicialización de la política en Guatemala
El Consejo Permanente de la OEA celebró el pasado 4 de diciembre una reunión extraordinaria para considerar los “Acontecimientos recientes que impactan la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho en Guatemala”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que la judicialización de la política en ese país sigue siendo una constante inexplicable que afecta el largo proceso de transición que deberá conducir indefectiblemente al presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera tomar posesión de sus cargos en enero próximo.
“Los gobernantes electos siguen enfrentando una carrera de obstáculos marcada por las acciones judiciales que atentan contra el mandato amplio que les otorgó la ciudadanía guatemalteca en las elecciones presidenciales del presente año”, dijo.
