El presidente Bernardo Arévalo confirmó este viernes 19 de enero que derogó el acuerdo gubernativo 320-2023, que otorgaba protección a funcionarios del Ejecutivo después de su salida del cargo. Esta normativa fue autorizada por su antecesor, Alejandro Giammattei, en los últimos días de su gestión.
Al mandatario, que tomó posesión del cargo hace menos de una semana, hizo el anuncio por medio de las redes sociales, en donde compartió las imágenes del acuerdo del Ministerio de Gobernación número 24-2024, publicado hoy en el diario oficial, que suprime el mencionado anteriormente.
“La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos. He derogado el acuerdo con el que se pretendía brindar seguridad del Estado a un gran número de exfuncionarios”, destacó.
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La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos.
He derogado el acuerdo con el que se pretendía brindar seguridad del Estado a un gran número de exfuncionarios.
El Acuerdo Gubernativo 24-2024 deroga el 320-2023. pic.twitter.com/JHoL541LRt— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 19, 2024
Detalles del acuerdo creado por Arévalo
Al acuerdo emitido por Arévalo detalla que el Estado de Guatemala se organiza con el propósito fundamental de proteger a la persona y la familia, teniendo como fin supremo la obtención del bien común.
“En este contexto, se establece como deber ineludible del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, siendo obligaciones esenciales para alcanzar el bienestar colectivo, la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos”, agrega.
Asimismo, establece que el ministro de Gobernación, a través del Director General de la Policía Nacional Civil, deberá proporcionar protección a las personas que hayan desempeñado los cargos de Ministro de Gobernación, Viceministros de Gobernación, Director General del Sistema Penitenciario, Director General de Inteligencia Civil, Director General de la PNC, Director General Adjunto de la PNC y Subdirectores Generales de Operaciones, de Investigación Criminal y de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC, con el propósito de resguardar su vida e integridad ante riesgos o amenazas derivadas del cumplimiento de sus atribuciones, pudiéndose ampliar la protección a su núcleo familiar.
Esta protección se proporcionará a partir del día en que el funcionario cese en el desempeño de su cargo, por el plazo proporcional y razonable a la necesidad comprobada, según el análisis de riesgo realizado por la Dirección General de la PNC.
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En tanto, se indica que la persona beneficiaria podrá solicitar expresamente el cese de la seguridad personal antes del vencimiento del plazo determinado, y restablecerse, si el interesado lo gestiona con base en causa justificada, siempre y cuando no exceda el plazo de cinco años.
Con respecto a los equipos asignados, se detalla que inicialmente el Ministerio de Gobernación deberá establecer el nivel del riesgo del que son objeto los exfuncionarios. Entonces se asignará a las personas que prestarán protección, dotando a los elementos policiales del equipo necesario para el cumplimiento de su función.
“En ningún caso la asignación de medidas de seguridad personal superará los seis elementos policiales por turno, así como un máximo de dos vehículos, asignados para tal efecto, salvo que, del análisis e riesgo se determine la necesidad del aumento de elementos policiales”, explica.
Y aclara que ningún elemento de la PNC deberá realizar acciones a petición de los beneficiarios que no estén relacionadas estrictamente con sus funciones.
