El Ministerio Público (MP) informó que desde principios de febrero se inició una investigación con respecto a posibles ilegalidades en los contratos de adquisición de elevadores y escaleras eléctricas en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) y trabajos en la autopista Palín-Escuintla.
Esto se dio en seguimiento a información que surgió públicamente, por lo cual de oficio se abrieron estos expedientes, los cuales están a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción.
“En estos casos ya se ha avanzado diligencias de investigación. En ese sentido, la ministra de Comunicaciones presentó una denuncia, la cual se encuentra relacionada con los hechos del peaje Palín – Escuintla, misma que fue conexada a la investigación que la fiscalía ya desarrolla”, explicó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Agregó que ya se han llevado a cabo diligencias en el marco de estas pesquisas y se continúa el trabajo relacionado para esclarecer las supuestas anomalías.
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Ministra de Comunicaciones denuncia incumplimiento de contratos
La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, confirmó el pasado miércoles 28 de febrero que se presentaron denuncias relacionadas con irregularidades en el manejo de obras a cargo de esa cartera, así como el incumplimiento de contratos. De igual forma, resaltó que en esa institución no se tolerará la corrupción.
Explicó que se presentó una denuncia contra la empresa Tecnologías Smart Home por el incumplimiento del contrato que se suscribió por la Dirección General de Aeronáutica Civil y la cartera a su cargo para la entrega de las escaleras y ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora.
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Señaló que se notificó a la referida compañía el incumplimiento del contrato y se comunicó también a la afianzadora para que se ejecute la fianza correspondiente. Al mismo tiempo se espera deducir responsabilidades sobre los funcionarios que suscribieron dicho contrato, lo que le corresponderá a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PGN).
De la Vega indicó que la segunda denuncia se planteó contra la empresa Moka S. A., con la que se tuvo un contrato que se suscribió sobre la concesión de la ruta Palín – Escuintla, que estaba designada a la empresa Marhnos S. A.; sin embargo, explicó que se intervino sobre una concesión, lo cual no debió hacerse, pues todavía Marhnos no había entregado oficialmente al CIV la concesión ni había terminado todavía el proceso de revertimiento del contrato.
