La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, dio a conocer este martes 6 de agosto que se mantienen retenidos los salarios de los otros cuatro magistrados titulares de la institución, quienes se encuentran señalados en un caso y enfrentan proceso penal por supuestamente incurrir en acciones que se enmarcarían en el delito de fraude.
Según explicó la togada, la referida medida se aplicó desde mayo de este año, después de que quedaron separados temporalmente del cargo y no han realizado funciones en la institución derivado de que la Sala Primera de Apelaciones les modificó las medidas sustitutivas que un juzgado les otorgó y les prohibió acercarse a las oficinas del TSE.
En ese sentido, Alfaro dio a conocer que hoy se inició un proceso de consulta a la Contraloría General de Cuentas acerca del tema y se espera que los magistrados accionen ante un juzgado laboral por la situación.
“Se dio un bolsón en el TSE para poder resguardar los salarios de ellos. Es injusto todo lo que ha pasado, son personas que le dieron a este país su desempeño, su trabajo, y sobre todo, nosotros podemos dar fe que lo que pasó en el proceso electoral 2023 fue un trabajo de altura y excelencia”, explicó la magistrada.
“Precisamente mis compañeros coadyuvaron a esa alternanza del poder, a ese fortalecimiento institucional democrático del país y también a esa confianza hacia los ciudadanos, de que nosotros los guatemaltecos somo hombres y mujeres exitosos con nuestro proceso electoral”, agregó.
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Señalamientos contra magistrados del TSE
El TSE indicó en su momento que “se cumplió de manera estricta con toda la normativa vigente aplicable en la adquisición del programa informático del TREP, su implementación y la logística requerida para su correcto funcionamiento”.
Asimismo, expuso que “se aplicaron los principios de publicidad y de transparencia, tal como se demostró en los simulacros efectuados previamente a la primera y segunda elección”.
En cuanto a dicho sistema, se indicó que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo ciertas irregularidades en el proceso de compra del sistema y que se habría dado incluso una sobrevaloración.
En ese contexto, a los magistrados Mynor Franco, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7
