La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España contra la sentencia que absuelve al exfutbolista Dani Alves de la acusación de violación. La decisión de recurrir surge tras la revocación de la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona había impuesto al jugador por los hechos ocurridos en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.
El Ministerio Público argumenta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vulnera preceptos constitucionales y principios del Código Penal, lo que justifica su impugnación. Cabe recordar que la Fiscalía ya había recurrido previamente la condena de Alves, pero con el propósito de aumentar la pena a nueve años de prisión. En su momento, la acusación cuestionó que se le aplicara la atenuante de reparación del daño por el pago de 150.000 euros destinados a una eventual indemnización para la víctima.
¿Qué pasará con Dani Alves?
Además de la Fiscalía, la abogada de la denunciante, Ester García, ha manifestado su intención de recurrir la absolución ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la defensa de la víctima aún evalúa si su clienta está emocionalmente preparada para continuar con el proceso, considerando que el alto tribunal podría tardar más de un año en emitir su fallo definitivo.
Uno de los puntos clave de la sentencia absolutoria fue la valoración de un video en el que se observa a Alves y a la denunciante interactuando en la discoteca antes de los hechos denunciados. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estas imágenes generan dudas sobre la fiabilidad del testimonio de la víctima, lo que llevó a la absolución del exjugador. No obstante, el Tribunal Supremo solo puede intervenir en el caso si considera que se han vulnerado principios legales o constitucionales, ya que no tiene potestad para reexaminar las pruebas presentadas en instancias anteriores.
La absolución de Alves ha generado una gran controversia en España. Figuras políticas como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han expresado su descontento, calificando el fallo como "una vergüenza". Mientras tanto, organismos como el Consejo General del Poder Judicial han defendido la actuación del tribunal. Con el recurso en marcha, la resolución del Tribunal Supremo será determinante para el desenlace final del caso y su impacto en la opinión pública.
