El Juzgado Segundo Penal emitió este lunes, 9 de noviembre, una sentencia condenatoria en contra de William Balz Gallardo, implicado en el caso de la supuesta compra irregular de un edificio para uso del Ministerio Público (MP).
Durante la audiencia se le dio seguimiento a la solicitud de la defensa para que el sindicado se pudiera someter al procedimiento especial de aceptación de cargos. En ese sentido, se admitió que incurrió en acciones que se enmarcan dentro del delito de testaferrato.
El juez Mario Hichos escuchó los planteamientos de las partes y posteriormente dio a conocer el fallo en el que condenó a Balz Gallardo a seis años de prisión y el pago de una multa de 125 mil quetzales. Sin embargo, tomando en cuenta que aceptó los hechos que le fueron imputados, la pena fue reducida a cuatro años de cárcel conmutables y el monto de la sanción se redujo a 83 mil 500 quetzales.
Se informó que dentro de este expediente judicial también se someterá al procedimiento la sindicada Teresa Leiton, pero su representante legal dijo durante la diligencia que ella se encuentra internada actualmente en el Hospital General San Juan de Dios, por lo que se deberá fijar una nueva fecha para resolver su situación legal.
Condenan a implicado en caso de edificio del MP
En enero de 2023, Mynor Lobos, implicado en el caso de la supuesta compra irregular de un edificio para el Ministerio Público ubicado en la zona 5 capitalina, se sometió al procedimiento especial de la Ley de Aceptación de Cargos y aceptó los señalamientos en su contra por el delito de testaferrato.
En ese sentido, la fiscalía solicitó una pena de 8 años de cárcel y una multa de Q50 mil; sin embargo, tras analizar los argumentos de las partes procesales, el Tribunal Séptimo Penal le impuso una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios.
Asimismo, con base en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, se detalló que el acusado deberá pagar una multa de 33 mil quetzales.
Lobos era el representante legal de la empresa Bertram, S.A., firma que vendió el referido inmueble al ente investigador. La compra se realizó durante la administración de la exfiscal general, Thelma Aldana, contra quien se emitió una orden de captura por este caso.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
