Urge una auditoria concurrente para identificar equipo que sirvió para espiar, dicen exministro y contralor

7 agosto, 2018
12:10 pm
Manolo Garcia

El exministro de Gobernación Carlos Menocal y el contralor Carlos Mencos, hablan del caso.

Una publicación del matutino Nuestro Diario revela en dos entregas consecutivas que el Gobierno habría adquirido en el año 2012 un sistema de tecnología y software de vigilancia de última generación para controlar a través de teléfonos celulares y redes sociales a empresarios, políticos, periodistas, diplomáticos y dirigentes sociales.

La investigación de ese medio de comunicación afirma que por ese equipo se invirtieron Q90 millones y que el mismo opera desde la Dirección General de Inteligencia Civil.

Para conversar sobre el particular, el programa A Primera Hora contactó con el exministro de Gobernación Carlos Menocal y con el contralor Carlos Mencos. Ambos coinciden en que es necesaria una auditoría concurrente para identificar las condiciones de compra y operación del equipo.

Exministro Menocal, ¿cómo el Gobierno espía al ciudadano?

Es importante que el ejercicio periodístico revele esos abusos de parte del Estado. Si estos paquetes de alta tecnología fueron adquirido para vigilancia y persecución de políticos, funcionarios, periodistas y ciudadanos es una práctica ilegal. Es una práctica con la cual regresan al pasado contra actores de la sociedad.

¿Dónde debería investigarse, quién debería investigar?

La investigación debería estar en la Cicig, en el MP, en la sociedad. La Digici y el Consejo Nacional de Seguridad deberían hacer una investigación interna. Si la responsabilidad es de los ministros de Gobernación, desde el 2012, también lo es de quienes llevaron estos aparatos.

Inteligencia siempre ha habido, espionaje siempre va a haber, ¿donde está la línea de peligrosidad?

Hay una Ley Marco Nacional de Seguridad y está la Ley contra el Crimen Organizado. La Ley Marco estructura el Consejo Nacional de Seguridad con el Presidente, el Vicepresidente, la Cancillería, los ministerios de Gobernación y Defensa, la comunidad de inteligencia, donde están la Secretaría de Inteligencia Presidencial y la de inteligencia civil.

Ley Marco permite hacer escenarios perspectivos criminológicos para que la autoridad tenga una decisión certera de dónde hacer los operativos de vigilancia.

En los Acuerdos de Paz, en el de Fortalecimiento del Poder Civil se establece que estos agentes de inteligencia pueden hacer abstracciones y perspectivas, escenarios. Es prohibido que los investigadores hagan vigilancia.

Todos esos aparatos pueden ser legales, sí. El Estado puede comprar cualquier aparato digital, pero a través de los organismos establecidos, en este caso la Unida de Métodos Especiales de Investigación.

Según Nuestro Diario se utilizaron Q90 millones para eso, ¿qué opina?

Es un gasto desmedido. En todo caso la Contraloría tiene los marcos regulatorios para la compra de equipo software y equipos de inteligencia civil. La Contraloría debería practicar una auditoría concurrente. Q90 millones es mucho para aparatos de vigilancia y persecución.

En 2010, sobre la presencia de los zetas en Alta Verapaz se adquirieron equipos. La Digici los utilizó para ver aparatos y números de teléfonos y huellas dactilares y rostros. Con el caso de la muerte de Facundo Cabral, se identificaron a los responsables en 72 horas; en el caso de la masacre de Los Cocos de Petén se logró perfilar a los Zetas responsables y se desmantelaron en 8 departamentos. En ese sentido los aparados dejaron de funcionar.

Mencos coincide con Menocal en que en cada institución existe una instancia de inspectoría. "Aparte de eso existe una Inspectoría General que permiten conocer cuando una institución se sale de su ámbito legal adquiriendo equipo y haciendo un uso indebido de el", amplió. #EUEspías pic.twitter.com/QehiNWgWKN

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 7, 2018

El problema ahora es que se trata de Q90 millones en aparatos alquilados, que fueron devueltos y desmantelados

No es la primera vez que ocurre eso. En 2010, con la desclasificación de los archivos militares, hubo archivos que desaparecieron. Se sugirió una denuncia porque lo que desapareció fueron archivos del conflicto armado y de las campañas militares que se utilizaron en ese tiempo.

Los autores del trabajo de Nuestro Diario dicen que platicaron con exespias, personas que estaban siguiendo a personas que el gobierno del partido Patriota consideraban opositores o alentando la lucha contra corrupción y organizaban manifestaciones.

Eso es ilegal es una práctica utilizada por un estado represor que vigilaba a todo mundo, es una práctica de estructuras militares. Con esos modelos se accede a información sensible, a fotografías familiares, a la vida privada de cualquier persona.

El peligro es que después comienzan a sobornar a las personas. Es probable que le vigilen a uno los horarios y las rutinas, y se puede caer en asesinatos selectivos. ¡Ejemplos? Manuel Colom Argueta y Oliverio Castañeda de León. Inteligencia del Estado los persiguió. Edgar García, esposo de la diputada Nineth Montenegro es otro ejemplo.

Lo delicado es que pueda provocarse desapariciones, asesinatos y todo mundo se sienta vigilado.

Jordán Rodas solicita informe a entidades gubernamentales sobre presuntas acciones de espionaje.

Más detalles en la nota ► https://t.co/OfsPehe4z9 pic.twitter.com/6UMFyduny9

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 7, 2018

¿Debería presentarse una denuncia?

Sí. Son varios niveles. La autoridad que descubre esos aparatos debió establecer para qué servían. Debió existir una investigación interna. En el Consejo Nacional de Seguridad hay sistemas, hay una inspectoría y una oficina de asuntos internos. Eso debió ser de oficio.

Uno, quiénes compraron y el objeto; dos, si fue administrativo bajo la lógica de la Contraloría; tres, cuál era la responsabilidad y quienes los responsables administrativos de los aparatos. En el estado todo lo cargan a una tarjeta de responsabilidad.

El Contralor dice que es complicado identificar el uso de esos equipos

Tiene toda la razón. La Contraloría lo que analizaría es la forma de adquisición de los equipos y bajo qué formato se adquirieron. El Consejo Nacional ded Seguridad debería comenzar una investigación interna propia. También debería haber una investigación forense para establecer cómo de qué manera de obtuvo y para que sirvió ese equipo.

Carlos Mencos: "Nosotros no tenemos ese expertis. En todo caso tendríamos que revisar cual fue el procedimiento de compra, si fue autorizada, si fue justificada, si no condiciono la calidad de gasto, pero con un grado de limitación en relación al uso del equipo". #EUEspías pic.twitter.com/FVnimaIb4L

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 7, 2018

Carlos Mencos

¿La Contraloría hará una evaluación de este caso?

Tenemos una reunión en la cual tratamos varios temas, uno es este. Uno de los aspectos es ver qué procedimientos utilizaron y que equipo adquirieron.

Tenemos acceso a la investigación del uso real de los aparatos. Entiendo que existen una instancia de inspectoría, aparte de que hay que tener la expertís que debería tener todos los elementos que permitan conocer el rol de cada institución y como se salen de un ámbito legal haciendo uso de esos aparatos.

Se sugiere una auditoria concurrente

Exactamente. Estamos buscando algunas a personas que tengan algún conocimiento en cuando a los alcances que pueda tener el equipo.

Vamos a nombrar una auditoría concurrente para Digici. Nosotros ya tomamos algunas acciones en la verificación del 2015 con algún equipo que se desapareció en Digici para completar el trabajo en este momento.

Según investigación de Nuestro Diario, desde 2012 el Ejecutivo ha invertido Q90 millones en una agencia de espionaje.

Detalles ► https://t.co/leAhpUokqZ. pic.twitter.com/6ein29omRK

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 6, 2018