La tiktoker Willyannis Alejandra Sánchez, conocida en la red social china como "La Chama", se encontraba en el centro de una red criminal que abastecía de armas a sicarios en el Callao, una de las zonas más conflictivas de Perú. A sus 19 años, la joven venezolana, radicada en Perú, parecía ser una creadora de contenido más, compartiendo videos donde bailaba y mostraba una vida aparentemente normal, mientras vendía ropa en una galería local. Sin embargo, su verdadera actividad se hallaba en el tráfico ilegal de armas, un vínculo oscuro que se desveló en una intervención policial reciente.
La intervención policial, que se dio tras varios meses de investigaciones, apuntó directamente a la tiktoker como una pieza clave en una red dedicada a la venta ilegal de armamento, entre ellos pistolas Glock, Mini Uzi y revólveres. Estos artículos, según las autoridades, serían utilizados por grupos criminales para llevar a cabo homicidios y secuestros en el Callao. La joven, lejos de ser una simple vendedora de ropa, estaba actuando como intermediaria entre los proveedores de armas y los sicarios que operan en la zona.
La vida de Willyannis dio un giro dramático. Nacida en Venezuela, pero con madre peruana, creció en el Callao, donde desarrolló una vida entre la venta de ropa y su actividad en redes sociales. A través de TikTok, Sánchez acumuló seguidores, compartiendo contenido que mostraba una faceta de ella como una joven extrovertida, alejada de cualquier vinculación con actividades criminales. Sin embargo, las investigaciones descubrieron su conexión con figuras peligrosas del crimen organizado, incluido su compañero Jefferson Navarro Morales, conocido como "Burbuja", quien ya se encontraba detenido por tráfico de armas.
Acusación contra la tiktoker
A pesar de que la tiktoker insistió en su declaración que su actividad principal era la venta de ropa, las autoridades descubrieron su conexión con el tráfico de armas a través de su rol como intermediaria. Según las investigaciones, ella continuó el negocio de su pareja, quien se encontraba en prisión, y estaba encargada de la venta de armas de manera autónoma.
Además, las autoridades sospechan que facilitaba el alquiler de armas para sicarios, lo que podría haber contribuido a un creciente fenómeno de homicidios en la región, que en lo que va de 2025 ya registra 201 asesinatos, muchos de los cuales habrían sido perpetrados con armamento vendido o alquilado por esta red.
La intervención policial también reveló la conexión de la banda con un supuesto proveedor de armas conocido como Luis Enrique Saavedra González, alias "El Ruso", un exmilitar y dueño de un polígono de tiro. Saavedra, según las autoridades, era el encargado de la fabricación y distribución del armamento para los sicarios del Callao.
Actualmente, Sánchez se encuentra bajo investigación, y su futuro judicial es incierto. La desarticulación de la red criminal es una de las prioridades para las autoridades peruanas, quienes buscan frenar el tráfico de armas y los crímenes asociados a él, mientras se indaga sobre el alcance de la participación de Sánchez en estas actividades ilícitas.
