La defensa del expresidente peruano Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, presentó este martes un recurso de apelación a la prisión preventiva de 18 meses dictada la semana pasada al matrimonio por presunto lavado de activos tras recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht.
El documento fue entregado en la mesa de partes de la Sala Penal Nacional por Julio Espinoza y Wilfredo Pedraza, letrados del exmandatario y de la ex primera dama, respectivamente.
“Hemos ingresado el documento de fundamentación del recurso y se sustenta en razones jurídicas, a fin que sea evaluado por la sala”, dijo Espinoza a la prensa a la salida del juzgado.
“Espero que sea admitido el recurso de apelación para que luego pase a la Segunda Sala de Apelaciones, integrada por tres magistrados”, precisó.
De ser admitido, la sala tendrá un plazo de diez días hábiles para convocar a una audiencia a las partes, es decir a los abogados de Humala y de Heredia, y el fiscal Germán Juárez, quien pidió la prisión preventiva.
“Una vez escuchado a las partes y de acuerdo a ley, la sala deberá resolver el recurso de apelación, que puede ser el mismo día o un plazo de 48 horas”, señaló el abogado sobre el proceso.
Pedraza dijo por su parte que uno de los fundamentos centrales de la apelación es que se considera desproporcionada la orden de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa porque no existe peligro de fuga.
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“Existían otras medidas alternativas perfectamente legales, como el impedimento de salida del país que podía aplicar el juez”, agregó.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó el jueves esta medida cautelar para Humala y Heredia tras acoger la solicitud del fiscal Juárez, quien alegó riesgo de fuga o de demanda de asilo de la investigada pareja.
“La prisión es idónea y necesaria para garantizar la investigación”, precisó entonces el magistrado.
La fiscalía acusa al matrimonio de aceptar fondos de Odebrecht para la campaña electoral de 2011 –Humala alega que la ley peruana no prohíbe recibir dinero del extranjero– y de recibir financiación irregular de Venezuela para las presidenciales de 2006.
La medida cautelar se sustentó fundamentalmente en el testimonio del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora hasta su detención, quien aseguró al fiscal Juárez haber entregado tres millones de dólares para su carrera hacia la presidencia.
Odebrecht reveló por otro lado que pagó 29 millones de dólares en sobornos en Perú para obtener obras públicas entre 2005-2014.