Las organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), piden una orden de anulación de ese texto que, alegan, discrimina a los musulmanes.
En contraparte, abogados del Departamento de Justicia estadounidense defendieron el decreto, argumentando razones de seguridad nacional y asegurando que el presidente tiene autoridad para dictar sobre asuntos migratorios.
“Necesitamos una decisión contundente sobre el fondo que afirme que la discriminación contra los musulmanes es antiestadounidense”, presentó la seccional de ACLU de Maryland, el estado vecino a Washington donde se realizó la audiencia.
Trump firmó el mes pasado un decreto antes del vencimiento de una anterior prohibición de entrada a Estados Unidos (por 90 días) a ciudadanos de Sudán, Yemen, Siria, Libia, Irán y Somalia.
Tras una batalla legal por esa orden, el decreto de septiembre eliminó a Sudán, pero agregó a Chad y Corea del Norte. Los ciudadanos de esos países están vetados de cruzar las fronteras estadounidenses por razones de seguridad nacional.
El nuevo texto también cerró las puertas del país a determinados funcionarios públicos venezolanos, en castigo a la falta de cooperación de Caracas en la verificación de antecedentes de sus ciudadanos.
El magistrado federal Theodore Chuang, que presidió la audiencia el lunes, había suspendido el 16 de marzo pasado una versión anterior del decreto ejecutivo, tomando en consideración la retórica antimusulamana de Trump.
Chuang no indicó cuando anunciará su decisión, pero se espera que la emita rápidamente.
Una nueva suspensión del decreto será, según expertos, más difícil de obtener porque los musulmanes lucen menos directamente concernidos con la inclusión de Corea del Norte y Venezuela.
El gobierno estadounidense además tuvo cuidado de respaldar las medidas y adaptarlas a cada país.
Las restricciones previstas en el nuevo decreto deben entrar en vigor en su totalidad este miércoles.
