El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela paralelo, cuyos magistrados desde el exilio acusan ser perseguidos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a la desobediencia civil, en una sentencia emitida este miércoles.
“Se declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano”, dice el fallo de la Sala Constitucional del TSJ en el exilio, formado por magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora.
Maduro prometió encarcelar a estos jueces porque su gobierno desconoce las acciones de este Parlamento; y los jueces huyeron a varios países, entre ellos Estados Unidos.
“Establecimos activada la resistencia civil en Venezuela, en el sentido de que todo el pueblo de Venezuela tiene que desconocer, desobedecer y resistirse a los actos fraudulentos de la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente”, explicó a la AFP Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ en el exilio, al presentar el documento en Miami.
Por vía telefónica y a través de internet desde distintos países, los jueces sesionaron hasta emitir su primera sentencia, en la que además “disuelven” la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que preside en Caracas la excanciller chavista Delcy Rodríguez.
La ANC fue creada en Venezuela, a pedido de Maduro, con el fin de reescribir la Constitución sin que mediara una consulta popular para su convocatoria, aunque sí se realizaron elecciones el 30 de julio para escoger a sus miembros.
Por esto no es reconocida como legítima por la oposición y es desconocida por una docena de gobiernos latinoamericanos, así como por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
“Declaramos el fraude del proceso de la ANC”, dijo Martín. “Asimismo, declaramos disuelta la ANC e instamos a la Sala de Casación Penal para que establezca la responsabilidad penal de cada uno de sus integrantes”.
El magistrado Gustavo Sosa Izaguirre, también en Miami, explicó que la decisión judicial se basa en el artículo 333 de la Constitución venezolana de 1999, que establece “el deber de todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución nacional”.
La ANC es “ilegítima”, dijo Sosa Izaguirre a la AFP, porque para su creación se desconoció el requisito de la consulta popular.
– “Todos fuimos perseguidos” –
El objetivo del documento es autorizar a los venezolanos a desconocer legalmente la autoridad de la ANC, explicó el juez.
Fue emitido a raíz de una denuncia de inconstitucionalidad presentada por los líderes opositores Diego Arria, María Corina Machado, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez.
El documento también busca anular todos los actos derivados de la creación de la ANC.
La heterodoxia de este proceso, según Sosa Izaguirre, responde al “régimen de la naturaleza que tenemos en Venezuela”.
“Todos fuimos perseguidos, dos magistrados fueron encarcelados, se les disparó, nos allanaron las casas, nos bloquearon las cuentas personales, nos congelaron los bienes y no podemos venderlos, salimos fugados de Venezuela y, como todo esto es una situación excepcional, hay una excepcionalidad en la forma de hacer las cosas”, contó.
El TSJ en el exilio fue avalado por Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien presidió una ceremonia en Washington hace dos semanas en la que se instauró este tribunal alterno.
El grupo de jueces en el exilio dio a conocer esta primera sentencia en Miami, en el contexto de un diálogo sobre partidos políticos al que asistieron Almagro y varios expresidentes latinoamericanos.
La presidenta de la ANC repudió la sentencia.
Mencionando el usuario en Twitter de Almagro, escribió: “@Almagro_OEA2015 está atrapado en un laberinto infernal q lo llevó al mayor fracaso q haya tenido un esquirol imperial! Venezuela se respeta”.
Acusó además al secretario de ser un “personajillo despreciado por América”.
El 21 de julio, el Parlamento venezolano juramentó a 33 magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo, alegando que los jueces de esa corte habían sido designados ilegalmente por la anterior mayoría chavista y estaban al servicio del gobierno de Maduro.
En tanto, el TSJ en Venezuela anula todas las decisiones del Legislativo.
Uno de los magistrados, Ángel Zerpa, fue detenido por los servicios de inteligencia. Los otros están en la clandestinidad o se exiliaron en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos.
