Con información de la Voz de América
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido que evaluará a los jueces federales de inmigración de acuerdo al número de casos que puedan procesar durante un año.
La medida sería parte de una ofensiva desatada a partir del fin de semana pasado por el gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración, que busca desincentivar la llegada de inmigrantes indocumentados y cerrar las pocas opciones y las lagunas legales que van quedando para los que permanecen en el país.
Según The Wall Street Journal, a los jueces se les exigirá resolver 700 casos en el año y enviar menos casos a las cortes superiores para apelación. Las nuevas exigencias comenzarían a partir de octubre.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha prometido limpiar una acumulación de más de 600.000 casos pendientes en el sistema migratorio. Algunos de los inmigrantes en ese número pueden trabajar con permiso del Departamento de Seguridad Nacional mientras sus casos están pendientes de resolución para poder mantenerse, pero ese arreglo es criticado por los conservadores.
La idea es acelerar las deportaciones, lo cual coincide con otros esfuerzos del gobierno de Trump para hacer cumplir las leyes inmigratorias.
“Tan ridículo como suena, las leyes de nuestro país no nos permiten tan fácilmente enviar a los que cruzan nuestra Frontera Sur de regreso por donde vinieron”, se quejó el lunes el presiente Trump en un tuit. “Todo un procedimiento inservible debe llevarse a cabo. México y Canadá tienen leyes de inmigración más duras, mientras que las nuestras son un chiste de Obama. ¡QUE EL CONGRESO ACTÚE!”.
As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018
“Caravanas de inmigrantes”
Trump también declaró “muerta” la protección para los llamados “dreamers” y acusó a los demócratas de permitir “fronteras abiertas, las drogas y el crimen”, al tiempo que advirtió a México detener las “caravanas” de inmigrantes o correr el riesgo de recibir una respuesta apropiada.
Aunque había reportes de que México quería poner fin a la caravana de unas 1,100 personas, la mayoría hondureñas, ésta prácticamente había terminado. Los participantes carecían de equipo para marchar en masa hasta la frontera con Estados Unidos. En la noche, agentes migratorios mexicanos se presentaron ofreciéndole ayuda a la gente para llenar varios tipos de visas de tránsito y humanitarias.
Pero el domingo unos 200 hombres abandonaron al grupo y subieron a un tren rumbo al norte —quizá con la intención de llegar a Estados Unidos—, parecía improbable que el resto reanude su marcha antes del miércoles o jueves. Estas personas quizá subirán a autobuses que los lleven hasta el último punto del trayecto de la caravana, un simposio sobre derechos de los inmigrantes en el estado de Puebla, en el centro del país.
La frustración del presidente ante la imposibilidad de cumplir sus promesas de campaña con respecto a la inmigración pareció aumentar en el el último fin de semana de sus vacaciones en su propiedad de Mar-A-Lago, en Florida. Allí Trump estuvo acompañado por un pequeño grupo de sus allegados, incluyendo su asesor en política, Stephen Miller, promotor de las políticas inmigratorias más estrictas de este gobierno, y Sean Hannity, un presentador de Fox News.
Con información de la Voz de América
Trump critica a su ministro de Justicia Jeff Sessions.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 28, 2018
