El Gobierno peruano presentará este jueves, ante el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la contratación de publicidad estatal con el fin de proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información del Estado, anunció hoy el ministro de Justicia, Salvador Heresi.
El Consejo de Ministros autorizó a Heresi a presentar la demanda contra la denominada “ley mordaza” aprobada por el Congreso, de mayoría opositora, que prohíbe a las instituciones y organismos estatales difundir sus actividades en los medios de comunicación privados.
“Todos los ministros de Estado acordamos presentar esta acción ante el Tribunal Constitucional”, declaró Heresi en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El titular de Justicia explicó que el objetivo de la demanda es que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar el derecho de cada persona a recibir información de parte del Estado y la obligación de este de garantizar y hacer efectivo ese derecho.
Heresi agregó que la ley no sólo debió ser debatida en las Comisiones de Justicia y de Constitución, sino que también se aprobó en la Comisión Permanente y “no en un Pleno, que debió ser lo más democrático y correcto”.
Evaluación
El Ejecutivo también evalúa otras acciones para impedir la ejecución de esa norma porque la resolución de la demanda de inconstitucionalidad puede tomar mucho tiempo.
“La idea sería buscar un consenso para plantear una nueva ley o una modificatoria, para no agotarnos en un enfrentamiento que significa una acción de inconstitucionalidad, sino, como caracteriza a este Gobierno, buscar consensos para solucionar este tema”, expresó Heresi.
La controvertida ley obtuvo el apoyo del grupo parlamentario fujimorista Fuerza Popular, con mayoría dentro del hemiciclo, y sumó los votos individuales de congresistas independientes y de diversas formaciones hasta superar los 66 necesarios para que la norma saliera adelante, a pesar del rechazo del Ejecutivo.
El argumento utilizado por el legislador promotor de la ley Mauricio Mulder, del partido Aprista, es que la publicidad oficial es utilizada por las instituciones estatales para inclinar a su favor las líneas editoriales de los medios privados y para hacer propaganda en lugar de informar sobre sus acciones.
Los detractores de la norma la han calificado como una “ley mordaza” al limitar la capacidad informativa de las instituciones públicas y empresa del Estado.
Irregularidades
Hace unas semanas, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, respondió con tono amenazante a las preguntas sobre presuntas irregularidades en compras públicas del Parlamento con que la “Ley Mulder” sería aprobada para sacar la publicidad de algunos “medios mermeleros”, como se conoce en Perú a los medios que venden su línea editorial.
Contra esta ley se pronunciaron tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
La SIP la calificó en enero como “una práctica discriminatoria que lesiona los principios constitucionales de libertad de prensa, libertad de empresa y de acceso a la información pública y transparencia”.
Por su parte, la CPP calificó la ley de “discriminatoria, innecesaria y desproporcionada”, al instaurar una “censura indirecta” en contra de la línea editorial de los medios de prensa y que, además, afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
