Nota de EU89.7
Analistas aseguran que activistas presionan para obtener justicia a su favor

El activismo y la defensa de los intereses populares no es sujeto de persecución penal en Guatemala.

Integrantes de la recién integrada Organización no Gubernamental Alianza por la Solidaridad ha exigido la liberación de Bernardo Caal Xol, quien se encuentra guardando prisión y a la espera de juicio, acusado de haber cobrado salario como profesor de primaria durante varios años sin haber trabajado.

Caal es conocido por ser uno de los supuestos agitadores que acompañó durante años al dirigente magisterial Joviel Acevedo, hoy también en problemas con la justicia por haber atropellado a un ciclista en La Tinta, Alta Verapaz, con un vehículo del Ministerio de Educación a finales de agosto.

Presión de activistas

Las presiones de estos grupos activistas se producen mientras un tribunal de Alta Verapaz ventila el caso por plaza fantasma contra Caal Xol y buscan intimidar al tribunal para que falle a favor del imputado en un caso que no tiene relación alguna con sus actividades de agitación contra diversas empresas.

Algunos analistas consultados señalaron que lo que Caal y sus grupos hacen es continuar con una industria creciente: la protesta contra servicios que pueden ser extorsionados en nombre de los intereses y derechos la población.

Antecedentes

Años atrás, grupos similares se dieron a la tarea de demandar al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) por la construcción de la represa de Chixoy en Baja Verapaz.

Los demandantes reclamaban derechos supuestamente documentados para que se les devolvieran terrenos ubicados en el embalse de la represa o se les pagara una indemnización que, al final, superaba por mucho el valor que tiene esa estratégica generadora de electricidad.

El grupo, representado por varios bufetes de abogados norteamericanos, terminó tratando el tema con el INDE y el Gobierno, y llegó a un acuerdo para obtener un resarcimiento dentro del caso conocido como COCAHICH (Comité de Comunidades Afectadas por la Hidroléctrica Chixoy).

El activismo y la defensa de los intereses populares no es sujeto de persecución penal en Guatemala. Lo que sí es punible es la conducta delictiva de muchos de sus dirigentes que buscan cómo evadir la justicia a través del activismo tras cometer delitos en otras instancias, subrayan analistas.