Con información de la agencia de noticias: AFP
El combate a la corrupción está a la deriva en Perú mientras el fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, salpicado por el escándalo de venta de sentencias y tráfico de influencias en el poder judicial, se niega a dar un paso al costado.
Un amplio movimiento social y político exige su renuncia desde hace semanas, pero la pertinaz resistencia de Chávarry a dejar su cargo desató una pugna interna dentro de la propia fiscalía y polarizó al país.
“La pelea en la fiscalía se corresponde con la pelea que hay en política: el partido de Keiko Fujimori lo apoya y los antifujimoristas, incluso el gobierno, lo rechazan”, dice a la AFP el analista político Fernando Rospigliosi.
La controversia comenzó antes de que Chávarry asumiera su cargo el 20 de julio, tras la difusión del audio de una conversación en que supuestamente pedía favores a un cuestionado juez, ahora suspendido.
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– La posición del presidente de Perú –
El presidente Martín Vizcarra optó por no asistir a la ceremonia en que Chávarry juró su nuevo puesto, para el que había sido elegido antes que estallara el escándalo.
La tensión se atizó desde que Vizcarra instó a Chávarry a dar un paso al costado, al lanzar su propuesta de referéndum sobre reformas judiciales y políticas como respuesta al escándalo.
Esto incentivó el apoyo a Chávarry de la oposición fujimorista que domina el Congreso, a cambio de impulsar investigaciones a sus rivales políticos, que habían sido relegadas por el anterior fiscal general.
En el Congreso, Chávarry enfrenta un proceso de destitución iniciado por el izquierdista Frente Amplio, que no prosperará si no cuenta con apoyo del partido que lidera la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Sólo el Congreso puede destituirlo del cargo, para el que fue elegido por tres años.
“Chávarry no renuncia porque está vinculado políticamente al fujimorismo”, asegura a la AFP el analista político Juan Carlos Tafur.
El fiscal alega que es víctima de “un linchamiento mediático” por emprender una lucha frontal contra la corrupción, al relanzar la cooperación con la fiscalía brasileña para obtener nuevas pruebas de los pagos de Odebrecht a políticos peruanos investigados, entre ellos cuatro expresidentes.
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– Los cuellos blancos del puerto –
El fiscal general está en el ojo de un huracán desde hace casi dos meses por el caso de unos audios telefónicos, por el que están presos media docena de magistrados, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.
El caso provocó las caídas del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi.
También fue suspendido el juez César Hinostroza, a quien Chávarry pedía supuestamente favores por teléfono. En otro audio se escucha a este juez de la Corte Suprema ofrecer rebajar la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.
Una investigación de la fiscalía, con base a interceptaciones telefónicas ordenadas por un juez, menciona a Chávarry e Hinostroza como miembros de una organización criminal llamada ‘Los cuellos blancos del puerto’ del Callao.
En Perú, según diversos analistas, el Poder Judicial y la fiscalía están divididos en bandos políticos desde hace años.
“Chávarry y César Hinostroza representaban a fuerzas involucradas al fujimorismo, por eso se está defendiendo con uñas y dientes”, subraya Tafur.
La judicialización de la política mantiene a la deriva las investigaciones por el megaescándalo de Odebrecht, que involucra a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (2006-2011 en su segundo periodo) y Alejandro Toledo (2001-2006).
“La politización de la pugna es muy complicada porque, entre otras cosas, afecta la credibilidad de la fiscalía”, observa Rospigliosi.
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– La salud de la moral pública –
El clima de indignación ciudadana contra Chávarry alcanza el interior de la fiscalía, donde algunos fiscales superiores lo han exhortado a dejar el cargo, al menos mientras dura la investigación de los audios, pero él se niega.
Chávarry tiene mucha presión y el tiempo en contra, porque el Congreso empezó esta semana a debatir el pedido de que sea destituido. Por ello necesita pronto resultados contra adversarios del fujimorismo para consolidar apoyo en el legislativo.
En un intento por aparecer como campeón anticorrupción, Chávarry abrió en agosto una investigación contra exministros de Kuczynski que salpican a Vizcarra, por presuntos hechos dolosos.
Mientras tanto, grupos de la sociedad civil y antifujimoristas realizaron una marcha el miércoles en Lima para exigir la renuncia de Chávarry.
El movimiento lo lidera la ONG Transparencia, que dirige el excanciller Allan Wagner, quien demanda la renuncia del fiscal general en nombre de “la salud de la moral pública.”
Con información de la agencia de noticias: AFP
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 3, 2017
