Nota de EU89.7

Según MP y CICIG, la Unidad Nacional de la Esperanza “no reportó al TSE Q19.5 millones”, durante la campaña electoral del 2015.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notifica a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sobre el rechazo del antejuicio contra Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y cuatro diputados.

Se notifica que, el rechazo por mayoría del antejuicio contra Torres y los parlamentarios Karina Paz, Jairo Flores, Julio Ixcamey y Jorge Estuardo Vargas se derivó a que el delito de financiamiento electoral no registrado, “no puede ser atribuido a los antejuiciados porque el mismo entró en vigencia en 2018”, mientras que los hechos denunciados por dicha fiscalía del Ministerio Público (MP), “se cometieron en 2015”, y según la Corte, “se estaría usando un tipo penal no vigente a los hechos narrados por la fiscalía”.

Las intercepciones a Sandra Torres no determinan un hecho ilícito, dice la Corte

En la resolución, la cual consta de 62 páginas, la Corte Suprema de Justicia también expuso que las interceptaciones que muestran supuestas conversaciones entre la presidenciable Sandra Torres, Mario Leal y Gustavo Alejos “hacen referencia a cuestiones relacionadas a la campaña electoral propia de los candidatos y no permiten determinar que hagan referencia a un hecho ilícito”.

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Votos de los magistrados

Con referencia a lo resuelto por la Corte, los magistrados que se opusieron a ello fueron: Silvia García, Delia Dávila, y María Eugenia Morales.

En el caso de la magistrada Silvia García, únicamente estuvo a favor de tramitar el antejuicio contra la candidata presidencial Sandra Torres, más no el de los cuatro parlamentarios.

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Según MP y CICIG no se reportó al TSE Q19.5 millones

Las solicitudes de antejuicio contra Torres, y los legisladores Paz, Flores, Ixcamey y Vargas, surgió de la investigación en el caso denominado “Traficantes de Influencias”, y los hechos que señala el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se relacionan a que supuestamente no se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suma de Q19.5 millones, los cuales, según las pesquisas se habrían canalizados a través de tres empresas.

Con información del periodista Alexander Valdéz

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